Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), nos es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra del programa Pegasus, que sirvió para espiar a periodistas y activistas.
El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal sobreseyó el juicio de amparo que interpuso el exfuncionario peñista debido a que la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero notificó que Zerón no está señalado como imputado en la indagatoria sobre el caso.
“(La) Autoridad Federal no ha hecho un señalamiento hacia su persona como posible autor o partícipe del hecho que se investiga, es decir, no se le ha reconocido la calidad de imputado en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la presente indagatoria; así como tampoco, se ha realizado algún acto de molestia establecido en el numeral 218 de la Ley Adjetiva Penal, para que se infiera que ostenta dicha calidad”, señala el escrito.
Zerón solicitó el amparo con el argumento de que la FGR se negaba a informarle si era imputado en la indagatoria que se abrió y por la que fue citado a declarar como testigo.
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Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos. En junio de 2017, el diario The New York Times dio a conocer que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto había adquirido el software que fue usado para espiar a civiles de manera ilegal.
Los blancos de espionaje en el sexenio peñsita fueron miembros de la sociedad civil, periodistas, líderes de partidos de oposición y funcionarios de organismos internacionales, como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Alejandro Calvillo y Mario Patrón, entre otros.
Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo. Si la personaentra al enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.
En febrero pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que, con el uso de Pegasus, la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) violó la Ley General de Protección de Datos Personales.
