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México endureció las medidas migratorias en la era Trump

En el primer año de AMLO, el gobierno federal promovió el regreso de 145,508 centroamericanos, a la par de firmar acuerdos con EU y mandar elementos de seguridad a las fronteras.
mar 19 enero 2021 05:55 AM

La política migratoria entre México y Estados Unidos ha sido inestable desde hace varias décadas, pero en los últimos años ha registrado un endurecimiento por parte del gobierno federal para frenar el flujo de personas.

En 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registró la tercera cifra más alta de devoluciones de México a Centroamérica en 10 años: un total de 145,508 personas extranjeras de El Salvador, Guatemala y Honduras, principalmente; además, y de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, más de 68,000 personas permanecen en el país en espera de la resolución de asilo sin garantía a sus derechos humanos.

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Desde el gobierno de Vicente Fox y George Bush hasta el de López Obrador y Donald Trump ha habido acuerdos migratorios entre ambos países, casi siempre impuestos desde Estados Unidos y en detrimento de la autonomía de México y de la integridad de los migrantes, señalaron organizaciones de la sociedad civil.

El 20 de diciembre de 2018, días después de que AMLO tomó posesión, el gobierno de EU anunció la implementación de una medida migratoria diseñada por la administración Trump denominada Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocida como el Programa Quédate en México, con la que las personas no mexicanas que ingresaran al territorio estadounidense desde aquí con la intención de solicitar asilo podrían ser devueltas a la nación mexicana.

Ya en junio de 2019, tras una amenaza del gobierno de Trump, de imponer aranceles si no se reducía la migración, el gobierno de México firmó un acuerdo con el que se desplegó a 6,000 elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo. Cifra que después se incrementó y el personal se repartió en las dos fronteras del país.

Al respecto, María Dolores París Pombo, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, señala que el nivel de represión se incrementó a partir de esos acuerdos de 2019, que implicaron un nivel de contención que no se veía antes, pues previamente el Instituto Nacional de Migración (INM) solo podía colaborar con la Policía Federal a solicitud expresa, mientras que la Guardia Nacional asumió también tareas migratorias.

“Unas diferencias podrían verse; la primera es la militarización de la contención migratoria en México, eso en Estados Unidos lleva muchísimos años y en México no era así”, explica.

Alejandra Macías, de Asylum Access México, comenta que todas las políticas han sido restrictivas, pero reconoce que la situación se agudizó con la presidencia de Trump.

Señala que pensaron que habría un cambio con López Obrador, por su discurso de garantizar derechos humanos, pero esto no fue así, sobre todo al crearse la Guardia Nacional, donde se ha visto una violación masiva.

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En los cuatro años de gobierno de Trump, México devolvió a 375,098 centroamericanos, incluyendo a las 38,561 personas registradas hasta noviembre pasado, un año totalmente atípico por la pandemia de COVID-19, lo que llevó a disminuir esta cifra.

Si bien la cifra de devoluciones de México a Centroamérica y desde EU a México – se estima que se deportaron aproximadamente 3 millones de personas migrantes de 2009 al 2016– es mayor en el gobierno de Barack Obama, conocido como “el deportador en jefe”, especialistas y activistas coinciden en que todos los mandatarios han tenido ese mote, pero que a diferencia de la administración de Obama, el país ha tenido una mayor responsabilidad con Trump.

“Si tomamos todas las personas que fueron devueltas por el MPP y que están esperando en México y un montón de situaciones, nunca hemos visto tanta gente y tanta responsabilidad no asumida en México en relación al tema migratorio estadounidense, y sí, realmente México fue quien detuvo a la gente (con Trump)”, afirma Paris Pombo.

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Por su parte, Macías, comenta que muchas de estas personas fueron deportadas a su país de origen, de donde habían salido por diversas situaciones de violencia y tienen que regresar.

“Estamos pidiendo que las personas puedan cruzar de manera segura para continuar con su procedimiento”, dice.

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A las devoluciones desde México a Centroamérica, se suman las aproximadamente 68,430 personas sujetas al Programa Quédate en México que han sido devueltas desde EU a ciudades de la frontera norte mexicana, donde enfrentan una multiplicidad de situaciones de riesgo social, agravadas por la edad, género, etnicidad y orientación sexual, de acuerdo con el informe “En la boca del lobo”, elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Al aceptar la implementación del Programa Quédate en México, el gobierno mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por la administración de Donald Trump.
Informe “En la boca del lobo”

Las solicitudes de asilo en México también se han incrementado desde 2018, siendo el primer año de López Obrador el más alto con 71,230.

  • 2018: 29,635
  • 2019: 71,230
  • 2020: 41,329

Macías insiste en que México no tiene hasta la fecha un protocolo de protección internacional, y que al aceptar a todas las personas en procedimiento de asilo en EU, se volvió “cómplice” sin crear mecanismos para que las personas migrantes puedan acceder a sus derechos como trabajo, educación.

"México era país de destino desde antes de 2016 y hasta la fecha no hay programas de integración para las personas refugiadas, el gobierno mexicano sigue sin crear políticas públicas que puedan integrar a las personas migrantes", comenta.

Ahora, con la llegada de Joe Biden –quien fue vicepresidente en la administración de Obama–, las especialistas esperan que cumpla su promesa de revertir estas políticas, aunque reconocen que no será inmediatamente, pues el gobierno de EU estará más preocupado por la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.

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