El jaloneo por la regulación del ‘outsourcing’ cobra fuerza

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso el 12 de noviembre, con la que busca prohibir esta práctica por considerarla “abusiva” y herencia del “periodo neoliberal”.

Sin embargo, 23% del empleo formal registrado ante el IMSS depende de esta figura, argumenta Elías.

Además, insiste, casi 45% del personal de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes compañías está subcontratado: representa 35% del personal de servicios, 30% del de comercio y 25% de la manufactura.

“Al prohibir la subcontratación, estas millones de personas tendrían que ser integradas a las estructuras de las empresas contratantes en un plazo muy corto que, con la actual coyuntura económica por la pandemia, es una tarea que resultaría muy difícil”, dice Elías.

Así, prevé, quienes pierdan su empleo acabarían en el mercado informal, que ya representa más de 55% de la fuerza laboral en México.

El director de Tallentia MX cita un estudio de El Colegio de México (Colmex) que sugiere que la subcontratación reduce entre 22% y 33% la informalidad del sector en el que se implementa.

Autoridades ven abuso

En contraste, la Procuraduría Fiscal de la Federación sostiene que hay más de 6,000 empresas de subcontratación ilegal que evaden al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.

Hay 1,200 empresas que manejan la subcontratación ilegal con más de 862,000 trabajadores con sus derechos laborales afectados, aseguró el procurador fiscal, Carlos Romero, en una reciente sesión de parlamento abierto en el Congreso.

Jorge Sales Boyoli, abogado laboral, coincide en que la subcontratación ha resultado en abusos.

“El diagnóstico que se ha hecho sobre el problema de la subcontratación en México, por parte del Ejecutivo federal, nos parece que es adecuado”, dice el coordinador nacional del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade).

¿Mal remedio?

Sin embargo, el socio de la firma Sales Boyoli considera innecesaria la reforma al argumentar que atiende más un síntoma que la enfermedad.

“No era necesaria esta iniciativa, sino una adecuada fiscalización y una adecuada supervisión por parte de las autoridades, pero ya que se ha tomado esta decisión, nos parece que puede ayudar a evitar la subcotización, puede ayudar a reducir la evasión fiscal”, dice.

El jurista recomienda adecuar la iniciativa para que la entrada en vigor se prorrogue seis meses, incorporar el reparto de utilidades y definir los servicios especializados.

También cuestiona la falta de visión del mercado laboral de la reforma, porque en México 99% de los empleadores ocupa a 10 personas o menos, por lo que la normativa solo impactaría a 10% de la población ocupada.

“Esta iniciativa no va a colapsar la planta productiva de este país, ni va a poner en quiebra a todos los empresarios, así que me parece que esto hay que verlo en su justa dimensión”, dice.

“Me parece que decir que se criminaliza es un poco desproporcionado, sí hay ciertas conductas que están criminalizadas como delito, pero esto es desde antes de la entrada de esta iniciativa”.

Conoce más:

México

Contra el 'outsourcing', el gobierno de AMLO plantea hasta 9 años de cárcel

Una tregua

Pese a la contundencia del anuncio, el presidente prometió revisar la iniciativa tras una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por lo que su discusión se ha frenado en el Congreso.

No obstante, López Obrador ha advertido que esta tregua está condicionada.

“Vamos a llegar a un acuerdo, que se proteja a los trabajadores, que no haya defraudación y que al mismo tiempo se den facilidades a las empresas”, prometió el martes.