Contra el 'outsourcing', el gobierno de AMLO plantea hasta 9 años de cárcel

El gobierno estima que esta figura afecta por lo menos a 4 millones de trabajadores, por lo que ahora, dijo el presidente, se busca "poner orden" en este terreno.

La nueva iniciativa plantea reformar las leyes del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como el Código Fiscal de la Federación.

Las sanciones

La iniciativa establece: "Se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra".

En el documento se plantea que a quien realice subcontratación y a las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin la autorización correspondiente se les impongan multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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Si se toma en cuenta que para este año la UMA se fijó en 86.88 pesos, la multa para quien incurra en este esquema de contratación iría de 173,760 pesos a 4 millones 344,000 pesos.

Además, el patrón que no permitiera la inspección y la vigilancia de las autoridades laborales en su establecimiento sería citado a comparecer y, de no presentarse, se haría acreedor a una multa de 250 a 5,000 veces la UMA (de 21,720 pesos a 434,400 pesos).

Sin embargo, también se prevén sanciones penales. Se contempla que los responsables puedan ser procesados por el delito de defraudación fiscal, al reformar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para incluir que esta conducta delictiva ocurriría cuando se utilicen "esquemas simulados de prestación de servicios especializados (...) o la ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal".

Actualmente, el artículo 108 señala que "comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal". Además, establece estas penas:

• De tres meses a dos años de cárcel cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 734,280 pesos.
• De dos a cinco años de cárcel cuando el monto de lo defraudado sea de entre 1 millón 734,280 y 2 millones 601,410.
• De tres a nueve años de cárcel cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 2 millones 601,410.

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La norma precisa que, cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión. Pero si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata y en una sola exhibición, la pena podría reducirse a la mitad.

Ahora, la iniciativa plantea que las sanciones sean tanto para quien realice la subcontratación como para las personas físicas o morales beneficiadas con esta.

En el ámbito fiscal, se propone que los pagos o las contraprestaciones realizadas por subcontratación no sean deducibles de impuestos.

Además, la Secretaría del Trabajo negaría o revocaría la autorización de servicios especializados a aquellas personas físicas o morales que no cumplan con lo establecido en la legislación.

Las obligaciones del empleador

La iniciativa busca que las empresas que han usado la subcontratación asuman la calidad de patrones.

La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo señala: "Intermediario es la persona física o moral que interviene en la contratación de personal para que preste servicios a un patrón. Estos servicios de intermediación pueden incluir reclutamiento, selección, entretenimiento, capacitación. En ningún caso, el intermediario se considerará patrón, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios".

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En este sentido, se plantea que la contratación de servicios quede formalizada mediante un contrato por escrito, en el que se precise el objeto de los servicios y el número de trabajadores que participen.

Las personas físicas o morales que proporcionen dichos servicios deberían tener la autorización de la Secretaría del Trabajo, para lo cual tendrían que acreditar su carácter especializado y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. La renovación de este permiso se realizaría cada tres años.

Además, cada tres meses, quien preste servicios especializados debería informar sobre sus contratos pactados. En estos documentos, el responsable debería incluir: nombre, denominación o razón social, objeto social, domicilio social o fiscal, número del Registro Federal de Contribuyentes, registro patronal ante el IMSS, datos de acta constituida, nombre de los representantes legales de las partes que suscribieron el contrato, periodo de vigencia, salario base de cotización y copia de la autorización de la Secretaría del Trabajo, entre otros elementos.