El gabinete de Peña suma acusaciones, procesos penales y deseos de colaborar

Declaraciones de Lozoya y de Robles desembocan en el expresidente Peña Nieto, cuyo gobierno se vio enmarcado en varios casos de corrupción, que van desde la llamada "Casa blanca" hasta los escándalos de exgobernadores priistas. Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua), por ejemplo, actualmente están detenidos y cada uno lleva su proceso penal.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó al menos 35 casos de corrupción en el sexenio pasado, así como su 'modus operandi'.

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Entre esos casos se encuentran hechos de corrupción en los que los mecanismos institucionales no se activaron o no fueron suficientes para impedir irregularidades.

"La corrupción durante el periodo 2013-2018 muestra lo sencillo que era (y es) cometer actos de corrupción cuando se era (es) parte de las estructuras del poder. Para poder resolver el problema hay que entender…", dice el estudio EPN: la corrupción como sello de gobierno, un sexenio perdido para México .

La hebra que jaló Lozoya

El exdirector de Pemex aseguró en sus primeras declaraciones, tras su arribo al país extraditado de España, que el expresidente Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda implementaron todo un aparato organizado de poder para obtener beneficios .

Lozoya, quien también enfrenta cargos por los sobornos relacionados con Odebrecht, se apegó a un criterio de oportunidad para colaborar con las instituciones mexicanas y así, dice, ayudar a desmontar ese "aparato de poder".

Peña Nieto hasta ahora no se ha pronunciado al respecto, mientras que Videgaray acusa que Lozoya quiere montar una "venganza política" en su contra.

Ahora, tras más de un año en prisión preventiva, Robles también señala que está dispuesta a colaborar para esclarecer el caso denominado "Estafa maestra", esquema con el que se desviaron recursos desde las dependencias que ella encabezó, a través de empresas fantasma que generaron un daño al erario por al menos 5,000 millones de pesos.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, advirtió al respecto que el criterio de oportunidad, la figura jurídica a la que se apegarían ambos exfuncionarios, se concibió como un recurso para el Ministerio Público, mas "no como una prerrogativa o derecho del acusado".

La exsecretaria hablará sobre cómo Videgaray, su excompañero de gabinete, supuestamente desvió recursos públicos a favor de campañas electorales del PRI, incluido el proceso de 2018.

"La firme convicción por parte de la maestra (Robles) es que va a decir todo lo que sea necesario para determinar todo lo que tiene que ver con Luis Videgaray", dijo recientemente a medios su abogado Sergio Arturo Ramírez.

En respuesta, este martes Videgaray publicó en Twitter un mensaje en el que afirma que las palabras de Robles no tienen fundamento y solo son parte de su estrategia legal, al tiempo de que él afirma estar dispuesto a comparecer ante la justicia si es citado.

Los comicios presidenciales de 2012 también están involucrados en el caso Odebrecht, puesto que, según declaraciones de Lozoya, una parte de los sobornos de esta compañía fue precisamente para la campaña del priista a cambio de contratos públicos. Otra parte supuestamente se dirigió a la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto.

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Autoridades de seguridad encaran acusaciones

Excolaboradores de Peña Nieto no solo son ligados a casos de corrupción. Tomás Zerón, quien las autoridades federales creen que está prófugo en Israel, es acusado de alterar y modificar pruebas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, desde el gobierno de Peña Nieto hasta policías municipales se construyó la llamada "verdad histórica" con base en fabricación de pruebas y tortura, con Zerón como principal "orquestador".

En tanto, en el caso de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa fue detenido por autoridades estadounidenses, pero el actual gobierno mexicano pidió que se desistieran de los cargos para que fuera investigado conforme a las leyes del país.

Desde la semana pasada que llegó a México, se informó que la FGR haría la investigación. En entrevista radiofónica en La Octava, Rafael Heredia Rubio, abogado del general, dijo que EU envió a la FGR un expediente con 700 fojas, pero él y su cliente no saben más. Hoy, por lo pronto, Cienfuegos es un hombre libre.

Entre sanciones y consulta popular

A estos casos se suman otros más, de exfuncionarios que han sido inhabilitados y sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP): la exsecretaria de Cultura María Cristina García Cepeda y expresidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.

Desde que inició la administración actual, una de las banderas del presidente López Obrador es acabar con la corrupción y la impunidad.

Aunque al inicio no se mostró a favor de perseguir a expresidentes, hace unos meses presentó una propuesta para que se haga una consulta popular para saber si los ciudadanos quieren o no que se enjuicie a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el ejercicio pero modificó la pregunta, que finalmente quedará así: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

La consulta será en agosto de 2021, cuando es posible que haya más avances de las investigaciones en marcha.