La exsecretaria de Cultura de EPN es inhabilitada y multada con 19 mdp

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La SFP detalló en un comunicado que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los exservidores sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto “Museo de Museos”, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado –ubicado en el Centro Histórico–, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble.

“La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”, señala el comunicado emitido la tarde de este lunes.

El procedimiento sancionatorio inició luego de que, en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en noviembre de 2018, el OIC se percató de posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos y tras la realización de un auditoría, detalló la SFP.

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La revista Emeequis consignó en enero pasado que la organización beneficiaria del donativo fue Puerto Cultura A.C., constituida por funcionarios de su administración, entre ellos Raúl Sergio Arroyo García, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante el primer tramo de gobierno peñista (9 de diciembre de 2012 a 8 de julio de 2013).

Arroyo García negó que existiera una simulación en la entrega de recursos y que Puerto Cultura entregó todo lo que les solicitó la dependencia federal, consistente en 20 carpetas con la investigación, curaduría y proyecto ejecutivo de la parte museológica, según consignó el texto.

La extitular de Cultura es la segunda secretaria de Estado de la administración pasada en ser sancionada por la actual Función Pública. La primera fue la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.