México prevé una bolsa de 3,315.8 mdp para el combate a la corrupción en 2021

"Es un trabajo más elaborado, más metodológico, en el que lo que se buscaba era que, lejos de que fuera importante (hablar) de miles de millones de pesos, no fuera una simulación", dice Miguel Ángel Santibáñez, de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

El especialista señala que este anexo es totalmente diferente al de 2018, pues aunque se desglosaron los recursos para dependencias y programas, no hubo una metodología que identificara por qué se estaba dando ese presupuesto, aunado a que no hubo forma de verificar cómo se había gastado.

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Aquella ocasión fue la primera en la que se incluyó este anexo en el Presupuesto de Egresos, pero no fue posible conocer los resultados. Con la llegada de la nueva administración, se dejó de presentar en 2019 y 2020. Fue hasta la propuesta para 2021 que se volvió a incluir este desglose, gracias al impulso de actores públicos como la organización civil Ethos.

Santibáñez sostiene que el ATA es una herramienta útil para dar seguimiento a los recursos destinados a combatir la corrupción, vincularlos a los objetivos deseados y, posteriormente, poder verificar si dieron resultados.

"No significa que entre más recursos o menos recursos se está combatiendo más o menos la corrupción, sino que ciudadanía, academia y el mismo gobierno tengan claro cuántos recursos se están identificando como combate a la corrupción, y después vendrá la parte de ver los resultados que se están teniendo, si el presupuesto que las dependencias están destinando al combate a la corrupción es redituable", afirma.

¿Cómo se distribuirá el gasto contra la corrupción?

El ATA está basado en los objetivos del Plan Nacional Anticorrupción, lo cual, a decir de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), hace más sencillo identificar ejes, objetivos y prioridades, así como qué instituciones del Comité Coordinador del SNA recibirán y ejercerán recursos públicos.

"Se trata de un ejercicio de nueva gobernanza y ordenamiento presupuestal para fortalecer el quehacer y legitimidad del servicio público", plantea la secretaría.

Los recursos se dividirían en cuatro ejes:

• Combatir la corrupción y la impunidad: 2,483.7 mdp.
• Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder: 693.5 mdp.
• Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad: 56.7 mdp.
• Involucrar a sociedad y sector privado: 81.9 mdp.

El primer eje ejercería la mayor parte del presupuesto destinado a esta tarea, con 74.9%, seguido de combatir la arbitrariedad y el abuso de poder (20.9%), mientras que los dos últimos sumarían 4.2% en conjunto.

La Judicatura, con 45% de la bolsa

Por instituciones, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibiría 1,504.7 mdp, 45% de los recursos para este rubro, mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) absorbería 33.6%. En conjunto, estas dos instancias acapararían la mayor parte del total: 78.6%.

En el caso del CJF, 975.7 mdp se destinarían para el eje 1 (combatir la corrupción y la impunidad), 489.4 mdp para el 2 (combatir la arbitrariedad y el abuso de poder), y 39.6 mdp para el eje 4 (involucrar a la sociedad y al sector privado).

La Función Pública destinaría 855.3 mdp para el eje 1, 187.7 mdp para el 2, 37.9 mdp para el 3 y 35.2 mdp para el 4.

La SESNA recibiría 123.3 mdp, de los cuales 119.9 mdp estarían destinados para combatir la corrupción y la impunidad, 2.8 mdp para combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, y 570,000 pesos para promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno-sociedad.

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Aun sin formar parte del SNA, la Secretaría de Hacienda recibiría 334.8 mdp para el combate a la corrupción y la impunidad, los cuales se distribuirían entre la Unidad de Inteligencia Financiera (170 mdp), la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones (69.6 mdp), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (8.1 mdp) y el Servicio de Administración Tributaria (87 mdp).

De las otras instituciones que forman parte del SNA, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) tendría 67.2 mdp; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 45.6 mdp, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 123.5 mdp.

El anexo deja fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que también forma parte del Comité Coordinador del SNA. Al respecto, Santibáñez señala que las organizaciones esperan que en la discusión se logre incorporar a este organismo.

El anexo anticorrupción que revivió

Ethos y la SESNA trabajaron en conjunto en el diseño de la metodología para elaborar el ATA, luego de que los dos últimos años no se presentara este apartado en el que se desglosa el gasto destinado para la lucha anticorrupción.

"(El anexo) busca poner al alcance de diversas audiencias los responsables y los montos de recursos públicos destinados a la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción. El acceso a esta información permitirá conocer hacia dónde es dirigido el dinero público, la cantidad destinada a cierto rubro, así como el responsable de su ejecución, seguimiento y evaluación", detalla la SESNA.

Desde la discusión del presupuesto para 2020, se estableció el artículo transitorio décimo noveno que planteó a Hacienda coordinarse con la SESNA para ver la viabilidad de incorporar en el proyecto presupuestal del siguiente ejercicio fiscal un anexo enfocado a la lucha anticorrupción, lo que llevó al ATA.

Aunado a esto, se está trabajando en una reforma para que sea obligatorio que cada año exista este documento que trascienda administraciones.

Los 10 indicadores que se tomarán en cuenta para dar seguimiento a los recursos y a la Política Nacional Anticorrupción son:

1. Porcentaje de normalización social de la corrupción.
2. Porcentaje de conclusión de causas penales por delitos contra la administración del Estado por hechos de corrupción.
3. Porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Federal capacitados en materia anticorrupción.
4. Índice de desempeño del sector público.
5. Tasa de variación de auditorías realizadas en la Administración Pública Federal.
6. Porcentaje de trámites y/o servicios ofrecidos por la Ventanilla Única Nacional.
7. Porcentaje de licitaciones públicas en los procedimientos de contratación en Compranet.
8. Índice de capacidad y participación de la sociedad civil, medios de comunicación y sector privado en el combate a la corrupción.
9. Índice de Integridad Empresarial (IC 500).
10. Porcentaje de investigaciones iniciadas respecto del total de quejas y/o denuncias recibidas en las instituciones por presuntas faltas administrativas.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos para 2021 y, por lo tanto, para definir si los montos para el combate a la corrupción se modificarán o se quedarán como ahora están planteados.