Estas son las claves de la nueva Política Nacional Anticorrupción

¿Cuál es el objetivo de la Política Nacional Anticorrupción?

La Política Nacional Anticorrupción se enfoca en dar solución a la incapacidad que se ha tenido –desde el estado hasta la sociedad– para controlar la corrupción, lo cual pasa por la prevención, investigación y sanción.

Por lo tanto, el objetivo del PNA es asegurar la coordinación de acciones de todos los entes públicos que integran el Estado mexicano y de los distintos sectores de la sociedad para un control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Los síntomas de la corrupción

En el proceso de elaboración, se identificaron la persistencia de condiciones institucionales, administrativas y sociales que incrementan los riesgos de corrupción e impiden un control efectivo del fenómeno, ya sea desde las interacciones cotidianas, como un simple trámite hasta los grandes casos de corrupción en los que están involucradas autoridades, funcionarios y agentes privados, como una contratación pública de forma irregular.

Estos son algunos de los síntomas:

• El servicio público no está basado en mérito, profesionalismo, integridad y congruencia.
• Los procesos de planeación, presupuesto y ejercicio del gasto de las instituciones públicas carecen de transparencia.
• Las faltas administrativas y los delitos por hechos de corrupción no son investigados y sancionados de manera eficaz.
• Persisten espacios de opacidad y arbitrariedad en la interacción entre ciudadanos y empresas con el gobierno, al realizar trámites o solicitar servicios.
• Los procesos de contrataciones públicas ocurren en un ambiente de opacidad.

¿Cuáles son los ejes para combatir la corrupción?

La estrategia está basada en cuatro ejes, que a su vez tienen 10 prioridades cada una.

Como primer está el combate a la corrupción. En éste se incluyen las prioridades: prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción.

El segundo eje es la profesionalización e integridad en el servicio público, procesos institucionales, así como la auditoría y fiscalización.

El tercer eje contempla los puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos, y puntos de contacto gobierno-iniciativa privada.

Como cuarto eje se encuentra la participación ciudadana, la corresponsabilidad e integridad empresarial, y la educación para el control de la corrupción.

Eje 1: Combatir la corrupción e impunidad

1. Desarrollar programas que fomenten la coordinación entre autoridades.
2. Asegurar la coordinación entre las instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos de corrupción.
3. Incorporar sistemas de inteligencia entre entes públicos.
4. Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones.
5. Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos.
6. Generar procesos de protección a denunciantes, alertadores, víctimas, etc.
7. Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción.
8. Generar insumos técnicos para la detección, investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas.
9. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías anticorrupción.
10. Implementar mecanismos de gobierno abierto.

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder

1. Impulsar políticas de integridad y prevención de conflictos de interés.
2. Promover programas de capacitación, certificación y desarrollo profesional.
3. Generar bases y criterios mínimos para el diseño, desarrollo y ejecución de programas de recursos humanos en el servicio público.
4. Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de gobierno.
5. Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción.
6. Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto.
7. Impulsar mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera.
8. Impulsar políticas de archivo que mejoren la calidad de la información.
9. Impulsar la coordinación entre entes control interno, auditoría y fiscalización.
10. Uso de metodologías de análisis de datos masivos e inteligencia artificial.

Eje 3: Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto de gobierno-sociedad:

1. Fomentar la colaboración interinstitucional par fortalecer y simplificar los puntos de contacto gobierno sociedad.
2. Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios.
3. Promover la mejora y homologación de trámites y servicios públicos.
4. Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales.
5. Crear observatorios y laboratorios de innovación social para la gestión de riesgos de corrupción.
6. Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras.
7. Impulsar la creación y homologación en materia de cabildeo y conflicto de interés.
8. Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto.
9. Desarrollar e implementar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones públicas.
10. Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas.

Eje 4: Involucrar a la sociedad y el sector privado

1. Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de género.
2. Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de derechos.
3. Crear un catálogo nacional de mecanismos de participación.
4. Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales.
5. Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana (CPC).
6. Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales.
7. Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo de proyectos de investigación.
8. Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en los poderes legislativos federal y estatales.
9. Homologar criterios para la realización de campañas de comunicación sobre la corrupción.
10. Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.