En este sentido, el Archivo General debe ser informado siempre que se realicen o se tenga la intención de realizar traslados de dominio de documentos históricos de interés público.
En caso de omitirse dicha notificación, el AGN puede anular la transacción o, en su caso, solicitar la expropiación de los documentos.
"Resulta indispensable que se dé cuenta al Archivo General de la Nación sobre dichos movimientos, con el propósito de que el AGN esté en condiciones de identificar probables actos constitutivos de tráfico ilícito de patrimonio documental de la nación, ya que realizar la transferencia de propiedad o posesión de estos bienes considerados patrimonio documental de la nación constituye un delito", señala en su comunicado.
Marco Palafox Schmid, director jurídico del AGN, resaltó que el tráfico ilícito de bienes culturales, particularmente de patrimonio documental, es un fenómeno de dimensiones preocupantes en México y el mundo.
Para hacerle frente a esta situación, Palafox Schmid coordina el Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos, el cual está diseñando esquemas de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Interpol para la restitución de otros documentos considerados patrimonio de la nación que han sido sustraídos ilegalmente de AGN para ser comercializados en el extranjero.
