A la brevedad, la bancada de Morena en el Senado de la República, presentará una reforma para proteger a los jueces y a todos los operadores del sistema de justicia penal, informó Ricardo Monreal.
Durante el foro “Desafíos de la Justicia Mexicana”, el coordinador de los senadores aseguró que México requiere una transformación de su sistema de justicia, el cual por años ha padecido corrupción, nepotismo e impunidad.
“No puede haber transformación del Estado sin una profunda renovación del Poder Judicial y del aparato de justicia. Es hora de hacer frente a una de las demandas sociales: el acceso a la justicia para todas las personas, no permitamos la simulación”, destacó.
En esa transformación, afirmó, no tienen cabida malos jueces mediocres, sino perfiles conscientes de la realidad criminal del país y de los costos de la impunidad en la vida de las víctimas y en la sociedad.
Debido a que algunos de estos perfiles, han llegado a pagar con su vida y la de sus familiares un desempeño de profesionalismo, se presentará una iniciativa para protegerlos.
“Hacemos el compromiso de presentar muy pronto una reforma con la experiencia de la Judicatura, que posibilite la protección eficaz a juezas, a jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentran en situación de vulnerabilidad”, adelantó.
Uno de esos jueces fue el juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, Uriel Villegas, quien fue asesinado en junio pasado presuntamente por un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En el foro, participaron también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Sherer; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, así como legisladores y gobernadores. Todos se manifestaron a favor de reformar y fortalecer al sistema judicial para combatir la impunidad, además, enfatizaron la necesidad de que el país cuente con un Código Penal Nacional.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández, aseguró que hay varias iniciativas para la reforma penal, entre ellas la de la FGR, la de la SCJN, la que presentó la exministra Olga Sánchez Cordero, las cuales serán analizadas, pero por ningún motivo aclaró no se permitirán regresiones.
“En el Senado no habrá una contrarreforma al sistema penal, no admitiremos regresiones en materia de derechos humanos ni transgresiones a la autonomía al Poder Judicial”, aclaró. Agregó que tampoco se permitirán retrocesos a los tipos penales en delitos como el feminicidio.
🔴 Foro a distancia "Desafíos de la Justicia mexicana", del 18 de agosto de 2020 https://t.co/3YLzVOJ1W2
— Senado de México (@senadomexicano) August 18, 2020
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, celebró que se retome la intención de analizar la reforma judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador “hizo suya” y envió al Senado de la República y cuyo objetivo es la transformación de la justicia en el país.
“La reforma que planteamos, pondrá la justicia federal al alcance de todas las personas, elevará la calidad de las sentencias a través de una mejor formación de las personas juzgadoras y de un fortalecimiento de la carrera judicial y permitirá que la doctrina constitucional y en materia de derechos humanos, permee de mejor manera a la labor de todos los operadores jurídicos”, explicó.
En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió la iniciativa de reforma a los artículos 4, 97, 99, 100, 103, 105 y 107 que presentó el presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal, sin embargo, a causa de la pandemia, el análisis y aprobación de ésta se pospuso a causa de la pandemia.
“La reforma al poder judicial puede y debe darse desde dentro y que para impartir una mejor justicia no es necesario modificar la estructura del Poder Judicial de la Federación, sino hacer ajustes a su funcionamiento que tenga un impacto duradero y en la calidad de la justicia”, afirmó Zaldívar.
El ministro sostuvo que está en las manos del Congreso de la Unión lograr que se apruebe la reforma al sistema penal.
“Las medidas que proponemos están orientadas a los resultados y permitirán tener una mejor justicia al alcance de la población. Esta reforma es necesaria para modernizar la justicia”, destacó.
En su oportunidad, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero aseguró que, desde la fiscalía y la presidencia, a través de la Consejería Jurídica, ya tienen adelantado un proyecto para crear la Ley Nacional de Justicia Cívica y una propuesta para que se expida el primer Código Penal Nacional del país.
Desde el pasado 15 de enero, la FGR y el gobierno federal presentarían un paquete de nueve iniciativas en el ámbito penal, pero que tuvieron que ser pospuestas luego de que su contenido causara polémica debido a que proponían entre otros aspectos, eliminación para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales, así como ampliar el arraigo para todos los delitos.
De acuerdo con Gertz Manero, a la brevedad se presentará ante el Senado la Ley Nacional de Justicia Cívica.
“Vamos por una ley nacional de justicia cívica, la ley que se tiene que aplicar todos los días, en todos los municipios de todo el país para todos los ciudadanos. En materia de justicia no debe haber diferencias, todos los mexicanos debemos tener los mismos derechos y el mismo marco jurídico”, destacó.
La Ley Nacional de Justicia Cívica tendría como finalidad establecer los principios, infracciones, procedimientos, y estructuras básicas de los juzgados cívicos para todos los estados del país.
Contar con un Código Penal Nacional permitiría establecer un catálogo de delitos y sanciones homologadas para las 32 entidades del país, con lo que se eliminaría las discrepancias que aún prevalecen en algunos códigos penales.
“Si no tenemos un Código Nacional Penal con todos los delitos generales que se aplican en todo el país, dejando por supuesto, las particularidades de cada Estado a la decisión de cada soberanía estatal, pero en los términos generales debemos de tener, todos, el mismo derecho y, todas, las mismas facultades para defender nuestra convivencia y nuestra vida”, acotó.
Gertz Manero sostuvo que es momento de acabar con el sistema de “quién le echa la culpa a quién” para trabajar en un sistema de “quién asume la responsabilidad”.
