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Ampliar prisión preventiva, un retroceso y atentado contra derechos humanos

Lo aprobado por el Senado es un intento por contribuir al combate a la inseguridad, pero que haya más personas en prisión no garantiza una disminución de la violencia, señalan especialistas.
mié 05 agosto 2020 05:59 PM
Prisión preventiva
Activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil advierten que la minuta para ampliar el catálogo de delitos que puede tener prisión preventiva, violenta los derechos humanos.

El incluir al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el robo a casa habitación, la corrupción, los delitos electorales, el robo de combustible o el uso de armas de juguete para cometer un ilícito, podría significar un atentado contra los derechos humanos y un fuerte retroceso para el sistema de justicia penal acusatorio del que la presunción de inocencia es un elemento clave.

Desde 2019, organizaciones como México Evalúa, Reinserta y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México advirtieron de las consecuencias de ampliar este catálogo de delitos, como la posibilidad de que incremente el número de personas privadas de la libertad sin una sentencia, que se abra la puerta a reinstalar un sistema inquisitivo y de que se vulneren los derechos humanos.

Especialistas consultados señalan que lo aprobado por el Senado es un retroceso a lo que se había conseguido con la reforma de justicia del 2008 donde a través de un sistema de justicia penal adversarial, México logró que cualquier implicado en un delito sea considerado inocente hasta que se le compruebe lo contrario.

“No es solo una regresión al anterior sistema de justicia, vamos a estar en el peor de los escenarios posibles”, afirmó Enrique Bouchot, investigador del programa de Justicia de México Evalúa.

De acuerdo con el especialista, la implicación de lo aprobado por el Senado la semana pasada juntaría la presunción de culpabilidad del anterior sistema de justicia con la rapidez con la que se dicta sentencia actualmente, lo cual a decir de Bouchot, no es una buena combinación.

En una sesión que se prolongó hasta las 04:00 horas el pasado 30 de julio, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de reformas reglamentarias del artículo 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa, con lo que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión para enfrentar el proceso legal.

El presidente de la comisión de Gobernación del Senado, Cristóbal Arias Solís, argumentó que el apoyo de Morena para ampliar la prisión preventiva respondía al reclamo social de mejor impartición de justicia.

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“Los cambios legales que se aprueban, son parte fundamental del proceso de cambio y de transformación republicana de una auténtica impartición de justicia que acabe con la impunidad y corrupción”, argumentó a nombre de Morena.

Los delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa son:

  1. Abuso o violencia sexual contra menores.
  2. Delincuencia organizada.
  3. Homicidio doloso.
  4. Feminicidio.
  5. Violación
  6. Secuestro
  7. Trata de personas.
  8. Robo de casa habitación
  9. Uso de programas sociales con fines electorales
  10. Corrupción.
  11. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
  12. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
  13. Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
  14. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
  15. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Los senadores no solo hicieron las adecuaciones a las normas como el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, también incluyeron cuatro delitos más:

  • Delitos violentos cometidos con “armas replica” y no funcionales.
  • La portación de armas de uso exclusivo del ejército.
  • Ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte.
  • Captura ilegal de la totoaba.
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Los especialistas explicaron que lo aprobado por el Senado es un intento desde el legislativo, de contribuir al combate a la inseguridad, pero advirtieron que lejos de ayudar, está comprobado que incrementar el número de personas en prisión no garantiza que la violencia disminuirá.

“La prisión preventiva oficiosa nunca ha demostrado su efectividad. No hay una relación directa que demuestre que meter a la cárcel a las personas durante su proceso penal sea una medida para disminuir ciertos delitos”, explicó Susana Camacho, integrante de la organización Borde Jurídico.

La experta puso como ejemplo el homicidio, que es uno de los delitos que ameritado prisión preventiva oficiosa, pero que año con año va en aumento.

Para Itzayana Burgua, fundadora de la organización Derechos Sin Barreras, lo aprobado por el Senado atenta contra los derechos humanos porque bastaría que alguien te acuse de alguno de los delitos que ameritan prisión preventiva, para que te encarcelen.

Burgua resaltó que si a ello se suma que los policías suelen recurrir a detenciones arbitrarias o ser fácilmente corrompidos a cambio de detener a alguien, el riesgo es mayor, además, también alertó que la prisión preventiva podría ser utilizada con intenciones políticas.

“Acusar a una persona sin pruebas de alguno de los delitos que están en este catálogo, a cualquiera nos pone en riesgo… Se podría dar una realización de detenciones políticamente motivadas como de participaciones de movimientos sociales, de defensoras de derecho humanos”, alertó.

Es una reforma que vulnera el derecho a la libertad vinculado a la presunción de inocencia”, destacó.

La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado su rechazo a la ampliación del catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa porque resulta irreconciliable con los derechos humanos debido a que automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito.

“La prisión preventiva oficiosa, además de ser una herencia negativa del sistema penal inquisitivo, debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho”, se lee en un posicionamiento de febrero de 2019 cuando el Congreso de la Unión amplió el catálogo de delitos.

Saturación en cárceles

Pero dar prisión preventiva oficiosa a más de 20 delitos contribuirá a la saturación del sistema penitenciario con personas que están en prisión sin sentencia que se estima alcanza hasta un 50%.

La organización civil Intersecta estima que, de las 210,287 personas que hay en prisión, 85,265 no cuentan sentencia, es decir, el 40.5%.

Para Enrique Bouchot algo que debía ser excepcional como la prisión preventiva oficiosa, se está volviendo una norma, por lo que puede ser peligrosa y violatoria de los derechos fundamentales.

“Estamos malentendiendo lo que es la función de la cárcel y de la cautela, no es un castigo adelantado”, aseguró.

La minuta aprobada en el Senado pasó para su discusión a la Cámara de Diputados donde Morena tiene la mayoría.

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