El incluir al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el robo a casa habitación, la corrupción, los delitos electorales, el robo de combustible o el uso de armas de juguete para cometer un ilícito, podría significar un atentado contra los derechos humanos y un fuerte retroceso para el sistema de justicia penal acusatorio del que la presunción de inocencia es un elemento clave.
Desde 2019, organizaciones como México Evalúa, Reinserta y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México advirtieron de las consecuencias de ampliar este catálogo de delitos, como la posibilidad de que incremente el número de personas privadas de la libertad sin una sentencia, que se abra la puerta a reinstalar un sistema inquisitivo y de que se vulneren los derechos humanos.