Dos masacres cometidas esta semana en el Estado de México cobraron la vida de cinco menores de edad, que se suman a las otras 822 víctimas reportadas a nivel nacional en el periodo de la emergencia sanitaria.
Al retomar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Red Nacional por los Derechos de la Infancia (Redim) indicó este viernes que, en promedio, siete menores de edad han sido asesinados diariamente.
En videoconferencia, el titular de Redim, Juan Martín Pérez García, puntualizó que las masacres contra menores de edad en México "están superando cualquier lógica", y criticó al gobierno federal y a los locales, en este caso el del Estado de México, por no pronunciarse al respecto.
"¿En qué país asesinan a siete niñas, niños y adolescentes diariamente? ¿En qué país suceden dos masacres de menores en días consecutivos sin que haya un pronunciamiento del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y del gobernador (Alfredo del Mazo)?", enfatizó.
Pérez García señaló que la mayoría de los 822 asesinatos cometidos contra menores de edad en el periodo de la pandemia, se cometieron en los estados de:
El activista destacó que, de cada 100 carpetas de investigación por estos crímenes, solo tres alcanzan algún tipo de proceso o sentencia. En este sentido, acusó al Estado mexicano de ser cómplice, pues mantiene impune la desaparición y asesinato de niñas, niños y adolescentes.
"¿En qué país asesinar y desaparecer a menores es premiado con la impunidad? Ese país se llama México y tiene un cómplice: el Estado", refirió.
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La ola de violencia en el país ha causado que cada vez sean más los menores de edad víctimas de feminicidios u homicidios cometidos por el crimen organizado.
De acuerdo con Redim, del total de asesinatos de menores de edad, el 80% corresponde a hombres. Mientras que los feminicidios contra niñas y adolescentes, aumentaron en 39% en el primer cuatrimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2019.
Es decir, señala la organización, que el país pasó de siete feminicidios de menores al mes, a 12 o 14, siendo marzo el que registró más víctimas.
Este aumento se dio principalmente en el Estado de México, donde se registró un 24% más de víctimas de menores asesinadas con respecto al primer cuatrimestre de 2019.
Respecto al asesinato de tres menores de edad y dos mujeres en Nicolás Romero, Edomex, el presidente de la Red indicó que deben ser investigados con perspectiva de género, y pidió a las autoridades abstenerse de realizar comentarios ligando la masacre con actividades del crimen organizado.
Juan Martín Pérez informó que, en enero pasado, la Redim entregó al gobierno federal un informe sobre la grave situación de violencia contra la infancia. El 6 de marzo, el Estado mexicano fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y asumió compromisos en esta materia.
"Hasta el 10 de julio solo hay silencio cómplice. (Además), ninguno de los proyectos prioritarios está enfocado a prevenir y erradicar la violencia contra la niñez", mencionó.
Asimismo, recordó que la Constitución Política es explícita, en su artículo cuarto, al establecer que las niñas, niños y adolescentes son prioridad del Estado mexicano, y al no cumplir con este mandato, dijo, el gobierno comete una omisión que lo convierte en cómplice.
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El activista insistió que tanto el presidente López Obrador como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, no solo deben dar una postura sobre las recientes asesinatos menores de edad, sino que deben reconocer el problema, hacerlo prioritario y tomar acciones concretas contra esta otra pandemia.
"Tenemos que superar esa idea vieja de que (los niños y adolescentes) son responsabilidad de las familias. Es responsabilidad del Estado, y sin una respuesta de su parte tendremos una idea fragmentada que solo alimenta al crimen y la impunidad.
"Necesitamos una respuesta de Estado que permita frenar la violencia armada que viven los menores. Hemos insistido en el patrón de ataques armados contra niños, niñas y adolescentes, y (no conforme con ello), desde el gobierno de Calderón, las autoridades suelen vincular a las familias de las víctimas con el crimen organizado; pasó con el presidente Peña y pasa en el actual gobierno", puntualizó.
