La crisis económica derivada de la epidemia de COVID-19 se convirtió en terreno fértil para delincuentes, quienes encontraron en la extorsión una fuente de ingresos.
En lo que va de este año, se han registrado 3,347 carpetas de investigación por extorsión. Si bien estos delitos se redujeron levemente en los últimos tres meses de 2020, respecto a los dos primeros, la tendencia se ha mantenido, mientras que se prevé que pueda incrementarse por la pandemia.
De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el mes de mayo se iniciaron 603 averiguaciones previas o carpetas de investigación por este delito, cifra 3.83% menor que la de abril, cuando se reportaron 627 denuncias; mientras que en marzo la cifra fue de 702 denuncias por extorsión.
El mismo gobierno federal reconoció que este delito y los homicidios se han mantenido durante la emergencia sanitaria, al igual que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, quien reconoció que aún es una cifra alta con la que "se ha batallado un poco”.
De acuerdo con Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), la extorsión han generado una ganancias para el crimen organizado de cerca de 12,000 millones de pesos, las cuales puede ser mayores, ya que este tipo de delitos tiene una “cifra negra” de hasta el 95%.
“El problema con la extorsión es que es un delito que se ha mantenido un tanto olvidado, hemos volteado a ver otros delitos, el tema de las extorsiones no se ha abordado con todos los estudios y necesidades. Es un delito del que todos hemos escuchado (…) pero hoy es el delito que representa una mayor cifra negra porque no se denuncia”, dice al referir que las carpetas de investigación son mínimas comparadas con la realidad que se vive a diario.
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El especialista coincide que este tipo de actividades delincuenciales no han disminuido con el confinamiento sanitaria sino que han aumentado, pues ahora los criminales se hacen pasar por “benefactores de negocios” para ofrecer créditos, pero el costo de quien lo acepta es realmente caro, porque la estrategia es sumergir a los pequeños empresarios en un círculo interminable de cobros y extorsión, lo que se conoce como el "gota a gota".
Aunado a esto, señala que se ha incrementado el cobro en el derecho de piso, por lo que al respecto el CNSP, el Consejo Coordinador Empresarial y la SSPC están trabajando coordinadamente para encontrar soluciones viables.
Alejandro Gazal, presidente de la asociación Procentrhico, señala que los delitos del fuero común han bajado porque hay menos afluencia de personas y debido a las medidas de mitigación del COVID-19, el 95% de los negocios están cerrados, en contraste el tema de extorsión ha crecido “muchísimo”.
El empresario recuerda que desde el año pasado se instaló en la Ciudad de México un “modus operandi”, conocido como “gota a gota” en el que grupos criminales ofrecen créditos a comerciantes que al final terminan siendo impagables.
Explica que los préstamos van desde los 5,000 pesos, pero ahorita por la situación, están ofreciendo préstamos de hasta 500,000 pesos con un pago interés semanal del 10%, y aunque te piden pagos semanales relativamente menores, es complicado que se puedan pagar en estas circunstancias.
“Evidentemente el modus operandi lo han perfeccionado y va a terminar en extorsión”, refiere Gazal en entrevista, al señalar que si bien fue una maquinaria introducida por grupos colombianos, lo han adoptado ya organizaciones mexicanas como la Unión Tepito.
En conferencia de prensa, el pasado 29 de mayo, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, afirmó que este tipo de delitos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia realizan un trabajo de inteligencia y se han hecho detenciones importantes en la materia.
“En el caso de extorsiones o este tipo de cobros llamados gota a gota, que después tienen el potencial de convertirse en extorsión hay un trabajo de inteligencia muy importante entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de manera coordinada”, declaró Sheinbaum.
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Para los comerciantes, las afectaciones económicas por la epidemia de COVID-19 y falta de apoyo de los gobiernos para afrontar la crisis, han hecho que se vean tentados a aceptar este tipo de préstamos.
“Las condiciones se están prestando para que sea mucho más fácil, en condiciones normales un comerciante no aceptaría un crédito que provenga de un grupo de la delincuencia organizado”, enfatiza Gazal.
El director de Procentrhico pone el ejemplo de una persona que tiene varios negocios de vestidos de novia y XV años en el primer cuadro de la ciudad, y que no pudo llegar a un acuerdo con sus arrendadores, porque lo que tuvo que dejar algunos locales, pero al no tener tampoco la seguridad de cuándo podrá reactivar su negocio –no se prevé que este tipo de giro comience en el corto plazo– se verá forzado a reiniciar ya con una deuda en sus bolsillos y sin los recursos para poder empezar ni conservar empleos.
