Esta medida se suma a las anunciadas el domingo pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer frente al impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía mexicana, las cuales consisten en ejercer con mayor rigor el plan de austeridad republicana y con ello disminuir los salarios de altos funcionarios así como la eliminación de sus aguinaldos.
De acuerdo con lo anunciado por la Función Pública, el presidente le instruyó informar al gabinete legal y ampliado sobre la necesidad de reducir en al menos 50% el gasto asignado a servicios generales y de operación.
El llamado es para los titulares de todas las dependencias del gobierno federal, a excepción de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, pues son las que están atendiendo la emergencia sanitaria y las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del gobierno mexicano.
Para un mejor uso del presupuesto público, las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por servicios que no hayan sido contratados hasta ahora, ni comprometer recursos adicionales en rubros no sustantivos.
La Función Pública destacó que esta medida tiene como propósito liberar recursos para atender la emergencia por el brote del nuevo coronavirus, que hasta la noche del miércoles había ocasionado 3,181 contagios y 174 fallecimientos.
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