Fideicomisos en la mira: ASF encontró en 2018 irregularidades por 7,382 mdp

Iniciativas incómodas

Tras darse a conocer iniciativa de Dolores Padierna para modificar 14 leyes y así desaparecer 44 fideicomisos se dio una reacción viral: tweets de personalidades, frases críticas de cineastas por la desaparición del FIDECINE, que ha permitido la creación de películas como Sexo, Pudor y Lágrimas o Perfume de Violetas, salieron de la red a la radio y televisión. Los noticieros de espectáculos respaldaron el reproche de los creadores.

Fue sobresaliente la crítica del cineasta Guillermo del Toro, reconocido a nivel internacional.

Al día siguiente de dar a conocer su propuesta, el 22 de mayo, la diputada Dolores Padierna dijo que se había equivocado al apresurar el documento, ofreció revisarlo, pero no canceló del todo la desaparición.

"Abusaron de la figura del fideicomiso y eso permite el mal uso de recursos públicos. Habrá un cuestionamiento. Vamos a hacerlo con Parlamento Abierto, no hay ninguna consigna. Vamos a tomar las mejores decisiones para nuestro país, reforzando la línea de gobierno austero", advirtió Padierna.

La ASF coincide con la calificación de manejo abusivo. En su informe de Fiscalización de Fideicomisos, Mandatos y Análogos, presentado en enero, asegura que entre los fideicomisos, manejados tanto por el Poder Judicial, como por el Ejecutivo, encontraron irregularidades por 7,382 millones de pesos en 80 auditorías.

Problemas históricos

Desde 1999, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado incrementos significativos en la utilización de los recursos de los fideicomisos, los cuales no se consideran como gasto público, amparados en sus contratos de constitución y en sus reglas de operación.

La Auditoría indica que el uso de esta figura ha facilitado a administraciones anteriores para manejar irregularmente recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), incluso con usos en años posteriores al de su autorización, mediante instrucciones de los fideicomitentes a los fiduciarios, ambos pertenecientes al Ejecutivo Federal.

“Mediante la utilización de los fideicomisos no paraestatales, desde la década de los noventas, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comenzó a realizar mecanismos y esquemas financieros en los que se comprometieron los ingresos futuros de esas figuras para pagar los pasivos generados del rescate de las concesiones carreteras o para solventar la problemática de la falta de recursos para atender la construcción de infraestructura dañada por desastres naturales y de necesidades del propio gobierno federal”, explica la ASF.

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Hasta en el Fideicomiso de Transición

La ASF alerta que ha identificado que estas figuras significan un área de “alto riesgo” en las tareas fiscalizadoras.

Incluso el Fideicomiso de Transición, manejado por el equipo del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador tuvo problemas para la rendición de cuentas.

Por ejemplo, se gastaron 5.3 millones de pesos más sin que estos fueran comprobados y se generaron dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

“Se entregaron dos cheques al despacho que auditó los estados financieros del fideicomiso, en fechas diferentes a las estipuladas en el contrato, y los servicios fueron por un periodo mayor al señalado en su objeto, sin que se suscribiera un convenio modificatorio”, explica la ASF en el informe.

Protección insuficiente para periodistas

La ASF también revisó el Fideicomiso para los Derechos Humanos, accargo de la Secretaría de Gobernación (Segob). Ahí, se descubrió que de la disponibilidad por 48.8 millones de pesos que se tuvieron al cierre de 2018, 42.6 millones de pesos se encontraban comprometidos, por lo que se tuvo una disponibilidad real de 6.3 millones de pesos para los servicios de 2019.

“Eso se considera insuficiente para continuar atendiendo a cabalidad los casos que se tienen ya establecidos más los nuevos que se presenten para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista”, advirtió la ASF.

Además, del personal contratado que conformó dos direcciones generales adjuntas y una dirección de área, no se acreditó que contara con el tiempo de experiencia, estudios y demás elementos que se establecen en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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El Centro de Análisis e Investigación Fundar ha advertido que en México, a pesar de los avances que se han dado en materia de transparencia, los fideicomisos siguen permitiendo el uso opaco y discrecional de recursos públicos.

Según una investigación hecha por esta organización, en 2018 –el mismo año que la ASF fiscalizó los recursos– existían 337 fideicomisos sin estructura administrativa que concentraban el 92% del total de los recursos, lo que implica amplios riesgos de opacidad.

Desde el jueves 28 de mayo se discute en el modo de Parlamento Abierto la viabilidad de los fideicomisos y el cambio que propone la diputada Padierna; según los equipos de los diputados se trata de una prioridad del presidente López Obrador.