AMLO rescatará proyectos de Peña considerados hasta “ilegales” por la ASF

En estos últimos dos casos se pagaron, al menos, 371.3 millones de pesos, para obras como elevadores, muebles, sanitarios, sin que fueran ocupados.

Apenas el 20 de enero pasado, el jefe del Ejecutivo dijo que ya se terminaron los trabajos del Tren Eléctrico Urbano en la zona de Guadalajara; sin embargo, la ASF señaló que no contaron con apropiada supervisión y que los materiales pagados para los techos de las estaciones fueron de “baja calidad”.

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¿Qué pasó con los proyectos?

El pasado 5 de agosto de 2019, Andrés Manuel López Obrador dijo que el compromiso para el Tren Interurbano México-Toluca es terminarlo para 2022, ya que existía coordinación entre el gobierno federal y el mexiquense, de Alfredo del Mazo.

Sin embargo, en la auditoría la ASF señala no sólo sobrecostos por 18 mil 633 millones de pesos, debido “la construcción de la infraestructura, ocasionado por cambios en los trazos originales, problemas sociales, incorporación de técnicas y materiales no previstos”, sino también problemas de legalidad.

La ASF encontró que ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) contaban con una planeación sustentada y no acreditaron la legal posesión de todos los terrenos.

“La SCT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano continuaron la construcción del Tren Interurbano sin disponer de una planeación sustentada en una visión integrada del territorio y que considerara los efectos regionales y urbanos; además de que la entidad fiscalizada no acreditó la posesión legal y expropiación de todos los terrenos para el desarrollo del proyecto, toda vez que tenía por solventar amparos contra la construcción y juicios por suspensión; y no demostró que la extensión requerida tuviera el cambio de uso de suelo y que se hubieran modificado los derechos de vía conforme con la normativa”.

Sobre la construcción de los Hospitales de Especialidades de Chetumal y General de Matamoros, en los estados de Quintana Roo y Tamaulipas, la ASF encontró, incluso, subcontratación ilegal de empresas.

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En el informe de la ASF se señalan posibles desvíos por 371 millones 433 mil pesos. De hecho, la ASF advirtió desde 2017que la licitación pública no se había realizado con la debida investigación de mercado.

Por ejemplo, en el caso del hospital general de Matamoros se pagaron 18.2 millones de pesos en un contrato de obra pública y los trabajos nunca fueron ejecutados.

“Fueron 171 conceptos integrados en las partidas de acabados, cancelería, puertas, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, muebles sanitarios y accesorios, instalaciones eléctricas; sin que los trabajos estuviera ejecutados”.

Para el mismo caso se pagaron 350 millones de pesos en nueve contratos “sin que estos cumplieran con el alcance contratado”.

En el caso de la ampliación del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, la ASF encontró problemas como pagos duplicados y materiales deficientes; además existen montos pendientes por aclarar por 198 millones 906 mil pesos.

“Se realizaron pagos de apoyos de neopreno en los viaductos que no cumplieron con la calidad requerida; duplicidad de pagos en el suministro y colocación templado en las luminarias de las estaciones; pagos en exceso por la plazoleta en Zapopan, se pagó el costo ajustado de los materiales a los proveedores; deficiente calidad de la techumbre de las estaciones, entre otros”.