Si los impactos en salud y económicos de la pandemia de COVID-19 han sido significativos en los países desarrollados, en América Latina –particularmente en México– representan un conjunto adicional de desafíos.
La desigualdad, el acceso a la salud, la informalidad laboral son algunos de los elementos que persistían en el país y que fueron evidenciados con la epidemia y podrían enfatizarse con la crisis sanitaria.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), señala en entrevista que emergencias como la que estamos padeciendo, tanto en lo sanitario y como en lo económico, tienen la virtud de mostrar las debilidades estructurales que tenemos en el país.
Por su parte, el doctor en Ciencias Sociales, César Rebolledo, coincide en que la pandemia revela las problemáticas sociales y que, en lugar de disminuirse, se agudizan.
Asimismo, la Alianza Ciudadana Frente a la Pobreza expresó que al salir de la crisis, la tarea impostergable será aliviar esas carencias estructurales que hacen que en cada desastre natural, en cada epidemia, los que están saliendo de la pobreza vuelvan a caer en situación de pobreza al perder empleos e ingresos, y que los que se mantenían en pobreza no vean ningún futuro mejor para sus hijos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en general, los sistemas de salud de los países de América Latina tienen una capacidad significativamente menor que el promedio, destinan gastos de salud más bajos, lo cual significa menos camas de hospital y menos profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes, así como sistemas de vigilancia de enfermedades más débiles que los países de la Organización.
Por ejemplo, mientras que México, Costa Rica, Colombia y Chile tienen como máximo 2.1 camas por cada 1,000 personas, el promedio de la OCDE es de 4.7. Aunado a esto, la OCDE señala que en la región, cerca de 125 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de salud y más del 47% de la población carece de acceso a la seguridad social
Esta falta de cobertura de salud universal deja a muchos desprotegidos. Para quienes enfermen levemente, si tienen una buena cobertura de salud y/o viven en áreas bien equipadas, contactarse con el virus significa irse de incapacidad por enfermedad, poder acceder a los servicios de salud y continuar con sus actividades.
La pandemia COVID-19 cruelmente evidencia las desigualdades en el acceso a los servicios de salud.
Por el contrario, en el caso de quienes se encuentran en la parte inferior de la cadena de ingresos y no tienen una buena cobertura de salud, trabajan en el sector informal y viven en áreas remotas o desatendidas, enfermarse puede tener consecuencias catastróficas, tanto en su salud como en su sustento.
Antes de la epidemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había pronosticado un crecimiento del PIB de 1.6% para la región en 2020. No obstante, las condiciones han empeorado por el COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó un total de 14 millones de empleos perdidos por la crisis sanitaria.
La OCDE señala que muchos de los países de América Latina carecen de espacio fiscal, incluso en los mejores tiempos, además, presentan una dualidad formal/informal de la economía y la sociedad, con lo que se corre el riesgo de exacerbar las desigualdades y el descontento social.
La mayoría de los países de AL tienen tasas de informalidad del 30-80%, por lo que enfrentan desafíos adicionales para los trabajadores informales, ya que las medidas de distanciamiento significan la pérdida de ingresos, la mayoría carece de acceso a las medidas oficiales de seguridad social.
“Muchos son trabajadores por cuenta propia, trabajan en la economía de subsistencia, viven día a día y corren el riesgo de volver a caer en la pobreza. Mientras que el seguro social de la región y los principales programas de asistencia social cubren dos tercios de los trabajadores (62%) y sus familias, incluida la mayoría de los hogares pobres, el 65% de los trabajadores informales vulnerables no se benefician de ninguna forma de protección social”, dice un estudio de la OCDE.
Ambos problemas enfatizaron la brecha de desigualdad que hay en el país, pues mientras una parte de la población puede mantenerse en casa y adaptarse a la nueva normalidad, muchos no pueden hacerlo porque significaría la pérdida de sus ingresos.
Aunado a eso, en muchos hogares no hay servicios necesarios, como agua o luz, para mantenerse confinados. En 2018, un 13,5% de los hogares de la región no tenía acceso a fuentes de agua mejoradas, situación que se agudizaba en las zonas rurales, donde la cifra alcanzaba el 25.4%, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Incluso, los niveles de acceso a internet para que los niños y adolescentes continúen con sus clases en línea y aprendiendo en casa son escasos. La Comisión señaló que hasta 2017, solo el 52.2% de los hogares de América Latina tenía acceso a internet y un 44.7% disponían de una computador.
A lo que se suma, señala el organismo, el hecho de que, para poder implementar la modalidad de educación a distancia, se requiere contar con una serie de habilidades y capacidades, tanto en el caso de los trabajadores del sector educativo, que en su mayoría son mujeres (un 69.8% de total de ocupados en este sector), como en el de los estudiantes y de quienes supervisan y apoyan estas actividades en los hogares.
“Con la crisis, se hace evidente la brecha de capacidades en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones necesarias para implementar la educación a distancia, así como en las habilidades que poseen tanto los profesionales de la educación como los padres, las madres y los estudiantes”, plantea.
