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"Ilegal e insuficiente" que el presidente quite aguinaldos para combate al COVID

Los académicos e investigadores Max Kaiser, María Amparo Casar y Edna Jaime dudaron que al gobierno federal le ayuden los 622,000 mmdp que pretenden tomar del ingreso de los empleados del gobierno.
jue 23 abril 2020 06:21 PM
La mañanera del 17 de marzo de 2021 fue analizada por los manigstrados electorales
Mañanera. López Obrador en una de sus mañaneras en la temporada de coronavirus.

“La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622,565 millones de pesos”, explicó el 22 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese ahorro saldrá de las percepciones de los funcionarios de la Administración Pública Federal de varios niveles; uno de ellos, por ejemplo, los puestos de subdirector con nivel G11, cada empleado con este nivel recibe al mes poco más de 32 mil pesos antes de impuestos. De los ingresos de personas como ésa el gobierno federal espera recaudar los 622,000 millones de pesos para auxiliarse ante la emergencia por COVID-19.

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Servidores públicos consultados por Expansión Política reconocen que se sintieron enojados por la decisión del presidente; incluso, admiten que evaluaron la posibilidad de ampararse, pero temen las consecuencias.

Ilegal e insuficiente

En un foro organizado hoy por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, especialistas en transparencia alertaron que la medida no solo es ilegal, sino que, debido al “boquete financiero” por el que atraviesa el país, será insuficiente.

Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que actualmente se vive una ‘ficción fiscal’.

“¿Por qué le llamo yo ‘ficción fiscal’? Porque se calcularon los ingresos con base en un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2%, una producción petrolera de 1.9 millones de barriles diarios, con un precio de 49 dólares por barril, con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. Nada de eso es cierto”, considera.

Káiser califica como “brutal” que se busque enfrentar la emergencia con los recursos que puedan aportar los funcionarios de la administración pública federal.

“Vamos a cortar algunos sueldos, vamos a reasignar algunas subsecretarías, vamos a cambiar algunas cosas estructurales en el gobierno, cuando el boquete que se está calculando es de más del 10% de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación. Está en riesgo nuestro sistema de recaudación, nuestras finanzas públicas como tal”, dimensiona.

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María Amparo Casar, presidenta Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que la medida de quitar aguinaldos y prestaciones es ilegal.

“Este gobierno dice ‘por encima de la ley nada y nadie’, creo que durante todo el sexenio hemos presentado un conjunto de ilegalidades que te hablan del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. La reducción de sueldos y la eliminación de los aguinaldos de los servidores públicos es una medida que contribuye muy poco y es totalmente ilegal. No se puede bajar, no se puede disminuir durante un ejercicio el sueldo de los funcionarios y mucho menos se puede quitar por decreto el aguinaldo”, explica.

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La investigadora dice que éste es un claro caso de que el Derecho no es una prioridad para el país.

“El decreto de reducir 75% del gasto asignado a los capítulos de servicios generales y gastos de operación también tienen, cuando menos, vicios de ilegalidad porque están torciendo la voluntad del Congreso".

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Dudan de la cifra

Por su parte, Edna Jaime, de México Evalúa, explica que los cálculos hechos por su organización indican que, en realidad, con las medidas tomadas por el presidente sólo se podrán tener .57% de los más de 622,000 millones de pesos que busca el gobierno federal.

“Con este recorte que propone el presidente de bajarle el aguinaldo a niveles altos de la burocracia, me parece que vamos a perder con las capacidades que contamos, los trabajadores no se van a sentir motivados de seguir en el servicio público y el impacto económico será mínimo. En México Evalúa hicimos el cálculo y, con esta segunda ronda, quizá obtengamos un ahorro de .57% de lo que quiere el presidente, esos 622,000 millones de pesos. El costo será muy alto y los recursos que se obtendrán serán mínimos”, dijo.

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Max Kaiser alerta también sobre los esquemas de adjudicaciones directas que se siguen en las compras públicas.

“Hoy se corren enormes riesgos si le permitimos al gobierno generar esquemas de contratación pública, en donde un servidor público escoge a proveedores particulares para comprar cosas. No lo podemos permitir. Entiendo perfectamente que en una pandemia hay ciertas cosas que se deben comprar con urgencia, pero hoy se tienen que comprar con urgencia porque se desaprovecharon los tres meses que tuvimos, antes de que el virus llegara a México para hacer competencias abiertas para tener los recursos necesarios en el sistema de salud. No se puede permitir que cualquier compra de cualquier cosa se meta en el pretexto de la pandemia, de la crisis, porque se van a generar nuevos problemas, de corrupción, de ineficacia”, detalla.

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