Para levantar el Censo de Población y Vivienda, el INEGI contrató a alrededor de 18,000 personas, quienes empezaron a laborar desde febrero con un contrato laboral que concluiría el 17 de abril, sin embargo, debido a la pandemia por el coronavirus fueron notificados de que su labor terminaba antes.
El pasado 30 de marzo, el gobierno federal declaró la emergencia sanitaria e incrementó medidas para prevenir más contagios por coronavirus, entre las que se incluyó la cancelación de encuestas como las que estos trabajadores venían realizando.
Un día después, el INEGI informó en un comunicado de prensa que se postergaban "hasta nuevo aviso" todas las encuestas que involucran la interacción cara a cara entre las personas. Además, indicó que se levantarán datos por internet, teléfono y plataformas digitales para continuar la generación de información económica incluyendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), encuestas económicas y cuentas nacionales.
De acuerdo con Martínez, el viernes 3 de abril fueron citados en las oficinas del INEGI ubicadas en la calle de Balderas 71, en la colonia Centro, para invitarlos a firmar sus renuncias y así invalidar el contrato que tenían convenido hasta el 17 de abril.
Además, refirió que durante el levantamiento del Censo 2020 algunos encuestadores se contagiaron de este virus, pero el INEGI no les ha brindado ayuda para que sean atendidos médicamente.
“No han querido dar la cara por ellos. Solo nos depositaron 200 pesos para comprar cubrebocas que solo nos duraban media hora, por lo que teníamos que estar comprando y comprando cuando nosotros estábamos en campo desde la mañana hasta la noche”, sostuvo.