Sandoval refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública detectó irregularidades por cerca de 19,000 millones de pesos que incluyen más de 6,000 millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6,000 millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.
En en el informe, la Función Pública fiscalizó, además, ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, para personas indígenas y para personas con capacidades diferentes. Todos ellos comprenden recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, y que en 2018 alcanzaron 236,430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.
Sandoval Ballesteros detalló que en materia de obra pública se realizaron 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20,598 millones de pesos.
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“Hay otro caso muy conocido, relacionado con el exdirector general de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, donde se identificaron irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal”, señaló al referirse a la operación con la que se defraudó al Estado y por la que se inhabilitó al exfuncionario por un periodo de 15 años y se le multó con más de 3,800 millones de pesos.