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El gobierno acusa excesos en el outsourcing y cámaras defienden la ley vigente

Mientras funcionarios aseguraron que empresas tienen una “fiesta” con el outsourcing ilegal, cámaras consideraron que no se necesita una reforma, sino mejorar la aplicación de la norma vigente.
mié 12 febrero 2020 02:19 PM
Zoé Robledo y Santiago Nieto
En el foro participaron funcionarios como Zoé Robledo, titular del IMSS (centro), y Santiago Nieto, titular de la UIF (derecha).

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el sector privado sostuvieron este miércoles su primer debate público en torno al outsourcing y a una posible reforma en la materia.

De un lado, altos funcionarios federales como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusaron que hay empresas que cometen excesos en el uso de esta figura. Del otro, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) defendieron la legislación vigente y consideraron que no es necesario endurecerla, sino mejorar su aplicación.

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Durante un foro de parlamento abierto para discutir el tema —convocado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien también es líder del sindicato minero—, autoridades señalaron que quienes emplean el outsourcing de manera ilegal dañan a los trabajadores y la recaudación fiscal, mientras que el CCE argumentó que una regulación demasiado restrictiva pondría en riesgo la estabilidad económica.

Nieto dijo que el gobierno federal está haciendo una revisión de las empresas que recurren al outsourcing de forma indebida.

“Se analizó la información de los sujetos relacionados con outsourcing ilegal vigentes en enero de 2020, y encontramos 3,070 reportes de operaciones inusuales detectadas por el sistema financiero”, señaló.

“Tenemos que revisar a los clientes y empresas que generan el mecanismo de outsourcing ilegal, el congelamiento de cuentas, es factible que las empresas que se encuentren listadas por el SAT en el 69B, para que también sean investigadas en el congelamiento de cuentas y que no sigan utilizando esos recursos de operaciones simuladas. Se les acabó la fiesta, se tendrá que regularizar”.

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El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, consideró que el uso fraudulento del outsourcing incluso podría considerarse un atentado contra la seguridad nacional.

“Se puede equiparar a delincuencia organizada y puede caer en el supuesto de delito de seguridad nacional el que contrata el servicio, eso implica prisión preventiva oficiosa. Nosotros exhortamos a que, independientemente de las reformas en materia fiscal, (las empresas) cumplan con sus obligaciones, ante el SAT, el IMSS (...) El que lleva a cabo outsourcing ilegal puede considerarse una facturera y una actividad de delincuencia organizada”, dijo.

En respuesta, Javier Treviño, consejero del CCE y exsubsecretario de Educación en el sexenio pasado, pidió no cambiar la regulación ni hacerla demasiado restrictiva. De lo contrario, argumentó, se afectaría la generación de empleo.

“La regulación establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo no ha terminado todavía de ser implementada a cabalidad y no debería reformarse algo que no ha sido probado y medido. ¿Qué se necesita? Que el gobierno junto con las empresas colaboremos para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente, con algunas precisiones que podrían mejorarlo, como establecer un registro de empresas de subcontratación”, dijo.

Treviño afirmó que hasta ahora hay pocos estudios formales sobre el outsourcing, de modo que cambiar sin fundamentos la ley en la materia “podría poner en peligro numerosas fuentes de empleo”.

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“Según estimaciones, existen más de 4.5 millones de trabajadores que en el 2018 se emplearon en este modelo en el sector formal. Una regulación altamente restrictiva conllevaría efectos nocivos en la economía”, dijo.

El abogado Marco del Toro, quien ha defendido a clientes como Elba Esther Gordillo y Javier Duarte, consideró que sí es necesaria una reforma para precisar los límites legales de esta práctica. Señaló que actualmente hay compañías que transfieren a todos sus trabajadores a ese esquema con el fin de no pagar utilidades.

Zoé Robledo, director del IMSS, insistió en diferenciar el outsourcing bueno del outsourcing malo y comparó el asunto con el uso de ‘cachirules’ en el futbol.

“Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que hay una situación que no podemos generalizar, que hay situaciones en donde una organización se puede ayudar, en este caso con jugadores, con reglas establecidas, tenemos que fortalecerlo. Pero cuando hay abusos, cuando hay engaños, cuando hay simulaciones, cuando hay arbitrariedades, no las podemos permitir”, dijo.

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, coincidió con el CCE en que una sobrerregulación del outsourcing sería perjudicial.

“Sobrerregular la subcontratación generaría mercados para las empresas de subcontratación ilegal, considerando el gran número de micro y pequeños empresarios que enfrentan enormes barreras para cumplir con la normatividad. Adicionalmente, esto se sumaría a los elementos que han venido generando una constante caída a los índices de confianza empresarial”, dijo durante una de las mesas del foro.

Héctor Márquez, de Manpower, estimó que sí se necesita una reforma en la materia.

“Hoy como está (la ley) no es suficiente. Si fuera suficiente no estaríamos aquí, mientras no estén con todas las palabras y que quede prohibido, los abogados muy listos que hacen la subcontratación dirán: ‘Lo que no está prohibido está permitido’”, dijo.

Jaime Bustamante, de la American Chamber of Commerce, consideró que sí se necesitan ajustes normativos, aunque advirtió que las iniciativas hasta ahora presentadas no los contemplan todavía.

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