Las razones que dio la Función Pública para exonerar a Bartlett

¿Qué argumentos dio la dependencia a cargo de vigilar a los funcionarios? La institución a cargo de Irma Erendira Sandoval dijo que no encontró evidencia de que Bartlett y su pareja Julia Elena Abdala mantengan una relación de matrimonio o concubinato, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal que acredite esos estatus, por lo que no debía declarar los bienes de ella.

“No reúnen el requisito de vivir juntos en el mismo inmueble por más de dos años, ni se acreditó que tengan hijos en común. Esto significa que el servidor público no tenía la obligación legal de declarar los bienes propiedad de Julia Abdala Lemus”, señaló la SFP.

Otro argumento que dio es que sus hijos no dependen de él, por lo que tampoco estaba obligado a transparentar los bienes de León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez.

Mientras que sobre el ocultamiento de conflicto de interés, se consignó que Bartlett expuso en comparecencia que gozó poderes con facultades de representación de empresas y dejó de participar en ellas hasta antes de tomar posesión como director de la CFE.

Al dar a conocer las conclusiones de la investigación, Sandoval señaló que Bartlett adquirió obligaciones a partir del 1 de diciembre de 2018 como director de la CFE, por lo que la SFP solo puede investigar a partir de esa fecha.

Una a una, las acusaciones contra Bartlett y la respuesta de la SFP

1. Una de las acusaciones del reportaje de la periodista Areli Quintero es que la fortuna de Bartlett es 16 veces mayor a los 51 millones de pesos que reportó.

Ante ello, la SFP explicó que solo halló lo que Batlett consignó en su declaración patrimonial y de intereses en 2018, cuando manifestó ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activos sumaban 51.6 millones de pesos y que luego modificó en 2019, cuando declaró las mismas cuentas pero ya con 51.1 millones de pesos.

Y expuso que en ambas declaraciones dijo ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra es de 8 millones de pesos: Calle Tennesse 14 (colonia Nápoles Insurgentes), Av. Mazatlán 101 (colonia Condesa), Av. Revolución 344 (colonia Tacubaya), Av. Revolución 342 (colonia Tacubaya) y Calle Obrero Mundial 718 (colonia Atenor Salas).

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2. Otra la acusación de los trabajos periodísticos es que “a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres (Bartlett) se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos”, la investigación de la SFP señala que Bartlett solo es titular de los cinco inmuebles mencionados.

Y aunque la dependencia señaló que si bien identificó las propiedades denunciadas e incluso dos adicionales también corroboró que el investigado "no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles".

“Esta Secretaría no cuenta con ningún elemento que sugiera que estos sean prestanombres del servidor público, en virtud de que no se tiene constancia de la existencia de títulos, acciones o instrumentos jurídicos con los que se ejerzan actos de dominio sobre los respectivos inmuebles”, señala en sus conclusiones la SFP.

3. Sobre el señalamiento de que desde 2001 dejó de registrar inmuebles a su nombre, año en el que se multiplicaron los inmuebles registrados a nombre de su pareja e hijos.

Al respecto planteó que la Secretaría carece de facultades para pronunciarse sobre los inmuebles que adquirieron los los hijos y pareja del director de la CFE.

4. Sobre la sociedad que la familia Bartlett ha constituido y en las que se ha asociado, la SFP señaló que Manuel Bartlett solo es socio de la persona moral Comercial Lebasi, S.A. de C.V., que fue declarada. Mientras que fue apoderado de Cawaret, S.A. de C.V. hasta el día 5 de noviembre de 2018, es decir unos días antes de que se convirtiera en funcionario federal.

Sobre el resto de las empresas, la SFP dijo que no guardan relación con el servidor público denunciado ni con hechos que constituyan una falta administrativa o un acto ilícito, pese a ser de sus familiares.

9. Respecto al caso de conflicto de interés, en donde se acusó que JAL Consultoría Especializada (empresa de Julia Abdala) obtuvo en 2017 un contrato de 2 millones 700,000 pesos con el Fondo de Cultura Económica, la SFP señaló que no ha habido ningún contrato entre esa empresa y la CFE, además que durante la presente administración no hay contratos con ninguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

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10. Por último, sobre la acusación de tráfico de influencias, debido que su hijo León Manuel Bartlett Álvarez encabeza Cyber Robotics (constituida en 2010), que en la administración de Andrés López Obrador ya obtuvo un contrato por más de dos millones de pesos en asignación directa de Sedena, se constató que se localizaron 35 contratos entre la empresa y la dependencia.

Al respecto, la SFP expuso que de estos contratos, ninguno está vinculado con la CFE o relacionado con el sector energético y no “existe elemento alguno que permita concluir que el servidor público utilizó su posición para inducir la adjudicación de estos contratos y tampoco se encontraron o existen evidencias de contratos de la Administración Pública Federal con ninguna otra de las empresas denunciadas”.