México se une a convención para identificar beneficiarios finales de corrupción

El titular de la UIF, Santiago Nieto, agradeció el apoyo de Reino Unido y de la SFP para el grupo de liderazgo de beneficiarios finales. “Es fundamental (saber) quiénes son los beneficiarios finales y levantar el velo de la personas jurídicas, quiénes son los que están beneficiándose de actos de corrupción público-privada”, afirmó.

Nieto señaló que se han judicializado cuatro casos de corrupción, bloqueado cuentas por 1,415 millones de pesos por actos de corrupción y presentado 40 de denuncias por lavado de dinero, con lo que se busca cumplir con el precepto presidencial de “barrer la corrupción como las escaleras, de arriba hacia abajo”.

Aseguró que combatir la inseguridad pasa por el combate a la corrupción y la impunidad. Expuso que es necesaria la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de la Función Pública.

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Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda, señaló que el gobierno tiene tres ejes principales, llamados la “triple A”: ahorros, anticorrupción y austeridad.

Dijo que por la lucha anticorrupción han alcanzado ahorros por 200,000 mdp en revisiones de contrataciones públicas, por lo que se han presentado 314 denuncias; de ellas, 153 fueron ante la Fiscalía General de la República (FGR), 156 ante diferentes órganos de gobierno y cinco ante la SFP.

Aseguró que Hacienda trabaja con la SFP en una nueva política en el sistema de contrataciones, por lo que se buscan nuevos esquemas que ayuden en esta tarea. Han trabajado con organizaciones internacionales para el sistema de contrataciones públicas, que va a acompañado por una Plataforma Digital tipo “Amazon”, donde se hacen las contrataciones —sin usar papel— y se intenta tener los procesos públicos en tiempo real.

“Si logramos combatir la corrupción en contrataciones públicas, los ahorros generados podrán verse en beneficios en mejores servicios públicos y servicios del gobierno, servicios de salud, etcétera”, dijo.

Unidos contra la corrupción

La titular de la SFP señaló que, de acuerdo con cifras de la ONU, se dan alrededor de 1 billón de dólares por sobornos en el mundo y se generan pérdidas por 2.6 billones anuales por actos de este tipo.

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Durante la conferencia para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción en el Centro Cultural de Los Pinos, antes residencia de los presidentes de la República, se hizo un llamado a trabajar juntos por la corrupción.

“Basta de corrupción”, dijo la secretaria, al señalar que Los Pinos se convirtió en “un insulto grave de ambición” y que “nunca más volverá a ser recinto de la corrupción”.

Jean-Luc Lemahieu, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recordó que en México se firmó la Convención de Mérida y cómo afecta este mal al mundo: “Erosiona el estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones”.

“La corrupción solo se puede combatir si actuamos juntos”, afirmó, al señalar que la campaña de este año busca crear conciencia de cómo la corrupción afecta negativamente a los pueblos, y empoderar a jóvenes para convencerlos de que la corrupción se puede controlar y hacer que los líderes rindan cuentas.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que hay tres pilares que se deben construir: liderazgo, sistemas de gestión pública e identificar los canales donde la corrupción puede pasar.

Lorenzo Jiménez de Luis, representante del PNUD en México, comentó que a raíz de la corrupción se ha perdido confianza en las instituciones y en la política y se ha empezado a erosionar el sistema democrático, por lo que se congratula de que se unan contra ella instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

“Hablar de corrupción y caer en lugares comunes es muy fácil, para combatirla hay que empezar a hablar de ella con rigor”, dijo.

Al acto también asistieron Ricardo Salgado Perrilliat, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Elizabeth Warfield, directora de la Agencia para el Desarrollo Internacional en México (USAID); Salvador Villalobos Gómez, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, y David Colmenares, auditor superior de la Federación.