¿Vamos bien en seguridad como dice el presidente? Esto dicen los datos

Y es en el delito de homicidio donde esta administración tiene los peores números. En los primeros 10 meses se han registrado 36,450, pero si se le suman los reportados los 31 días de octubre al gabinete de seguridad, la cifra asciende a 38,806. Por lo que este año se perfila para ser el más violento de los últimos años. De acuerdo con el INEGI, en 2018 fueron 36,685 homicidios, es decir, los registrados este año ya superaron la cifra de 2018 por 5%.

Los homicidios dolosos, aquellos en los que se busca intencionalmente la muerte, sumaron de diciembre a septiembre, 28,782. López Obrador recibió el país con 2,728 homicidios dolosos y en su primera medición mensual se presentó un repunte pues se registraron 2,892, es decir 164 más. La peor cifra se registró en junio, cuando este delito alcanzó los 3,006. Para septiembre, la cifra oficial más reciente, hubo una disminución de 123, por lo que habló de un punto de inflexión.

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En lo que se refiere al secuestro, de diciembre a septiembre se registraron 1,175 privaciones ilegales de la libertad. El último mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron 101 secuestros; los dos primeros meses del morenista hubo un repunte al pasar a 143 y 161 en diciembre y enero, respectivamente. La última cifra oficial es septiembre, en la que se reportó un descenso en el delito pues se registraron 99.

Aún no se puede hablar de punto de inflexión

Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, no es posible hablar ni de que México va bien en el combate a la inseguridad ni de que hay un descenso en la incidencia delictiva, pues explica que para ello se necesitan seis meses con una tendencia a la baja.

“Viendo lo que vimos, si están contando bien, no hay forma que los delitos estén como ellos los están planteando a la baja... Para que podamos hablar de un cambio en el comportamiento delictivo requiere de por lo menos seis meses de una constante baja y eso no ha pasado, lo único que están haciendo es forzar un análisis que, lejos de ayudarles, los ata”, asegura.

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Rivas comenta que cuando hay una disminución relevante en un delito como el homicidio, ello responde generalmente a “cuchareos” de las cifras.

Explica que si realmente estuviera cediendo la violencia, nada explicaría la presencia de casos como los de Culiacán, Tamaulipas, la frontera entre Sonora y Chihuahua, Guerrero y Michoacán.

El experto reconoce que López Obrador recibió un país en condiciones precarias en materia de seguridad; sin embargo, puntualiza que la situación de violencia actual, ya es su responsabilidad.

“Este gobierno ha actuado mal, no cuentan con estrategia, han actuado con una serie de ingenuidades, no escuchan a quienes deberían escuchar. Las decisiones las están tomando gente improvisada y neófita en materia de seguridad”, sostuvo.

Agregó que a esa improvisación e ingenuidad hay que sumarle el recorte de recursos públicos y la sustitución de la Policía Federal para poner en marcha de la Guardia Nacional.

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Por su parte, Erubiel Tirado, experto en seguridad y fuerzas armadas de la Universidad Iberoamericana (Ibero), coincide en que no es posible hablar de una disminución en la incidencia delictiva, pues dice que el llamado “punto de inflexión” reportado por el secretario Durazo hace referencia a medio punto porcentual a la baja.

“Si vamos a celebrar el descenso de cifras decimales, estamos mal. Hoy por hoy estamos en las cifras más altas de las tasas de homicidios de los últimos 10 años. Se perfila a ser uno de los años más violentos, y eso no es para celebrar”.

La estrategia del gobierno

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado por un cambio en la estrategia en la que no se puede combatir la violencia con más violencia, por lo que ha apostado a generar justicia para recuperar la paz y la tranquilidad.

Para ello ha impulsado:

• La creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
• La creación constitucional de la Guardia Nacional y despliegue de 140 mil elementos para 2021.
• La ampliación del catálogo de delitos para ordenar la prisión preventiva de oficio para incluir la corrupción, robo de hidrocarburos, desaparición forzada de personas y feminicidio.
• Se canceló de tajo el uso del espionaje político.
• No se utiliza la fuerza pública para reprimir.
• Uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza para combatir al crimen organizado.