El SNA 'desaira' propuesta de los fiscales locales y hace una autocrítica

En entrevista con Expansión Política, el presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, Odracir Espinoza, planteó una ley general para delitos de corrupción, que uniforme los tipos penales en esta materia, ayude a los fiscales a plasmar en la Constitución su autonomía y les dé presupuesto para que ya no tengan que depender de las fiscalías generales.

"La idea es tener un reconocimiento constitucional, pero que también se desprendan de ese control que tienen los fiscales generales acerca de las decisiones de las fiscalías anticorrupción", dijo entonces.

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La fiscal anticorrupción federal, María de la Luz Mijangos, señaló que la propuesta le parecía más "una agenda política" y que el Comité Coordinador no era el foro para hacer ese planteamiento. También cuestionó cómo se resolverían con esa propuesta problemas como la plena autonomía, un procedimiento para la selección por parte del Senado y un presupuesto propio, cuando la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción lo plantea.

La fiscal consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser "un parteguas" en la impartición de justicia y que ella aceptó el puesto por invitación del fiscal Alejandro Gertz Manero, de quien afirmó que ha recibido apoyo y no instrucciones, lo que no desmerece sus cualidades.

Mijangos llamó a que los involucrados en el combate a la corrupción busquen cómo mejorar su trabajo.

"En lugar de dividir, discutamos cómo las instancias que fiscalizan tienen mejores pruebas para tener mejores sentencias, discutamos cómo realizar investigaciones integrales (...) discutamos cómo tener peritos y policías expertos en delitos de corrupción, cómo capacitar a los ministerios públicos en juicios orales", dijo.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, coincidió en que no es facultad del Comité Coordinador incidir en leyes o decretos y en que eso corresponde al Poder Ejecutivo y a los legisladores. Sin embargo, consideró que la propuesta busca generar un verdadero debate de fondo sobre la falta de capacidad vinculatoria que tienen sus llamamientos.

Para la funcionaria, hay tres desafíos: la falta de poder vinculatorio de las recomendaciones del comité, el necesario fortalecimiento de la coordinación entre instituciones y la democratización de los sistemas locales anticorrupción, así como una verdadera ciudadanización de este esquema.

La autocrítica

Al inicio de la sesión, la fiscal anticorrupción hizo una autocrítica de lo que ha sido el trabajo del Comité Coordinador, principalmente por la falta de aprobación de la Política Nacional Anticorrupción, la cual a casi un año de que se presentó apenas se acordó que se discuta próximamente.

El comité aprobó pedir al presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que envíe a las reuniones a un representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dado que Alfonso Pérez Daza, quien participaba en ellas en nombre del Poder Judicial, terminó su mandato en septiembre y el puesto está vacante.

"El Sistema Nacional Anticorrupción, en concreto, su Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva no estamos cumpliendo con nuestro cometido (...) El sistema tiene como finalidad tres aspectos fundamentales: establecer, articular y evaluar la política de combate a la corrupción. Nos hemos quedado en el establecimiento de la política y ni siquiera ahí se ha avanzado", dijo Mijangos.

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A esta autocrítica se unieron la secretaria de la Función Pública y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Carlos Chaurand, quien reconoció que han ido a paso lento, pero pidió también ver los aspectos positivos.

"Podría suscribir la reflexión que hace la fiscal en el sentido de que no hemos dado cabal cumplimiento en nuestras obligaciones, tenemos varias asignaturas pendientes, quizá la que más destaque sea la Política Nacional Anticorrupción", dijo.

En la sesión también participaron el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Francisco Javier Acuña; el auditor superior de la Federación, David Colmenares, y el secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat.