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Pone Morena la lupa a estados y municipios para que transparenten sus deudas

En medio de la protesta de los alcaldes por acordar con el gobierno federal un mejor reparto de recursos, Morena en el Senado alista una reforma para vigilar sus gastos.
jue 24 octubre 2019 06:00 AM
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Demanda. Los alcaldes del país solicitan un mejor trato del gobierno federal.

El Senado, es decir, los senadores de Morena, tiene en la mira a estados y municipios para que transparenten la totalidad de sus deudas, que podrían ascender –en conjunto– a 1.5 billones de pesos.

De acuerdo con una iniciativa presentada por el senador Alejandro Armenta se busca modificar la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas para que los estados y municipios reporten el total de sus compromisos de pago y así “evitar la indefensión por el quebranto” de las finanzas locales.

La iniciativa del senador presentada la semana pasada cobra relevancia porque este 22 de octubre un grupo de alcaldes protestó en Palacio Nacional en demanda de un acuerdo para mejorar el reparto de recursos para estados y municipios.

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“Hoy los mexicanos, en todo el territorio, no sabemos qué pagamos en las deudas estatales y municipales. El propósito de la Ley es que estados y municipios registren el total de sus deudas para que todos los compromisos se consideren”, aseguró en entrevista el legislador de Morena.

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Armenta resaltaó que es importante hacer una revisión de las capacidades financieras de los estados y municipios porque en conjunto significan una gran cantidad de recursos.

“A nivel nacional estamos pagando una deuda pública de 10 billones de pesos. Este año pagamos 700 mil millones de pesos de intereses. Seguramente, la deuda en los estados y municipios por los Fideicomisos Públicos y las Asociaciones Público-Privadas es de más de 1.5 billones de pesos”, enfatizó.

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Según el documento presentado por Armenta, se piensa modificar el artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera, y en eso se contempla que “los entes públicos estarán obligados a contratar los financiamientos y obligaciones a su cargo, bajo los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez”.

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Además, las modificaciones al artículo 10 incluyen que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizará de manera trimestral la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria (…) para ello, los estados y municipios enviarán trimestralmente a la SHCP y al estado, respectivamente, la información que se especifique”.

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Los cambios al artículo 43 de la Ley también obligarán a la SHCP a “verificar la validez, veracidad y exactitud” de la documentación que envíen desde el ámbito local.

Se prevé un Registro Público Único a cargo de la Secretaría y tendrá como objeto “inscribir y transparentar la totalidad de los Financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos dicha Secretaría tendrá la obligación de verificar la validez, veracidad y exactitud de los actos jurídicos por los cuales se celebraron las operaciones relativas”.

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Estados en bancarrota

Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, explicó que “municipios y estados se encuentran, muchos de ellos, en condiciones de quebranto. Estados en bancarrota o con una fragilidad financiera criminal que los pone en un estado de indefensión frente a necesidades en materia de seguridad, inversión productiva, campo, salud, educación”.

Señal que “el semáforo que la actual Ley de Disciplina Financiera tiene para clasificar el nivel de endeudamiento no corresponde con la realidad, por eso necesitamos que esta iniciativa haga un replanteamiento respeto a lo que se considera como ‘compromisos de pago’.

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"México es la excepción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no considera los compromisos de pago como deuda. Al no haber obligatoriedad de estados y municipios para que acrediten los compromisos de pago como deuda no hay forma de que tengamos certeza de lo que estamos pagando con nuestros impuestos de la deuda local”, enfatizó.

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Abundó en que “hay proyectos de fideicomisos públicos que quedaron acreditados bajo el sistema de riesgos y quedaron bajo secreto los expedientes por 20, 30 años".

Por ejemplo, proyectos de Asociación Público-Privado, una carretera, un hospital, una escuela, un parque ecológico:

"Contrataron deuda a través de fideicomisos públicos por 20 o 30 años y tienen hipotecados los estados: Puebla, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua y en el semáforo de riesgo financiero no están…tenemos que actualizar la fórmula y que los ciudadanos sepan qué están pagando”, recordó.

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