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¿Quién es el juez que ordenó liberar a detenidos por el caso Ayotzinapa?

Samuel Ventura, quien se encuentra en la mira del gobierno federal, tiene experiencia en el Poder Judicial y en la Marina Armada.
mar 17 septiembre 2019 08:07 PM
caso ayotzinapa
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharán el próximo jueves 26 de septiembre, a 5 años de la desaparición de los jóvenes.

A poco de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, un juez de Distrito ordenó recientemente la liberación absoluta e inmediata de 25 implicados, entre ellos policías municipales y Gildardo López Astudillo, “el Gil”, supuesto líder de Guerreros Unidos en Iguala, lo que generó reclamos del gobierno federal y de los padres de los jóvenes normalistas.

Se trata de Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito en Procesos Penales federales con sede en Tamaulipas, mismo estado donde un Tribunal Colegiado ordenó en septiembre de 2018 crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

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Tras las sentencias absolutorias dictadas en los últimos 18 días, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar a Ventura Ramos, a quien señala de "causar graves daños a la búsqueda de la verdad", pero ¿qué sabemos de este juez?

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La trayectoria de Samuel Ventura

Samuel Ventura Ramos –originario de Pénjamo, Guanajuato– no solo tiene experiencia como juzgador, también como elemento de la Marina Armada de México.

De acuerdo con su ficha curricular publicada en el CJF, es piloto aviador por la Escuela Naval Militar y, desde diciembre de 2004, licenciado en Derecho por la UNAM.

Dentro de la Armada, Ventura Ramos fue piloto, jefe de Departamento, asistente y profesor; mientras que en el Poder Judicial se ha desempeñado como:

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  • Oficial judicial en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.
  • Actuario judicial en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito;
  • Secretario en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito;
  • Secretario en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.
  • Secretario en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León;
  • Secretario en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.
  • Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Puebla.
  • Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Veracruz.

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Fue en abril de 2017 –casi tres años después de la desaparición forzada de los 43 normalistas– que Samuel Ventura asumió como juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

Además de especializarse en procesos penales, el juez Ventura Ramos se ha instruido en temas relacionados con la libertad de expresión, igualdad de género, migración y derechos de la infancia.

A pesar de su trayectoria, el juzgador es señalado por el gobierno federal como el responsable de que los implicados en el caso Iguala sean liberados.

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La sentencia del juez Ventura

El pasado fin de semana, el subsecretario Alejandro Encinas dio a conocer que el juez Ventura Ramos dictó la libertad absoluta de 24 policías que habrían participado de manera activa en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Este fallo se suma a las cuatro sentencias absolutorias dictadas por el mismo juez el pasado 30 de agosto, una de ellas en favor del “cabo Gil”, pieza clave en el caso Ayotzinapa.

Encinas acusó que "el juez interpreta... con mucha laxitud la ley, pero no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa, de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad, y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron en la investigación y a quienes cometieron los delitos".

En la sentencia de la causa penal 66/2015 –emitida por Juan Manuel Trespalacios Castán, secretario del Juzgado Primero de Distrito, en sustitución del juez Ventura– se desecharon las 107 pruebas presentadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) en contra de Gildardo López, al señalar que algunas fueron obtenidas de manera ilegal y otras no guardan relación con lo ocurrido en Iguala.

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Entre los errores u omisiones cometidos por la PGR de Peña Nieto, que fueron enumerados por el juez Ventura en su sentencia de 204 páginas, están:

  • Los mensajes que intercambiaron integrantes de Guerreros Unidos (interceptados por la DEA) en los que se vinculaba a ese grupo con el operativo para desaparecer a los estudiantes; el juez consideró que fueron recabadas en una averiguación previa distinta por lo que no podrían tener el peso a las recabadas en la investigación que se incluyeron.
  • La detención ilegal de al menos 50 personas, entre ellas tres subordinados de "Gil", quienes solo debían recibir una notificación de comparecencia.
  • Solo 20 minutos después de su presentación ante la PGR, los mismos subordinados ("el Pato", "el Jona" y "el Comisario") quedaron detenidos por "flagrancia en la comisión del delito" incluso antes de que se les tomara declaración.
  • ¿Qué le reclama Encinas?

En un texto publicado este martes en diferentes medios, Alejandro Encinas indicó que las sentencias emitidas por el juez Ventura Ramos debían ordenar reponer el proceso, no dictar libertad absoluta:

"La declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados, manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores.

"El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad (...) dejando en la impunidad a quienes alteraron en la investigación y a quienes cometieron los delitos".

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Ante estas acusaciones, el juez Ventura –a través de Trespalacios Castán– dijo que no puede enmendar los errores cometidos por el Ministerio Público federal y aclaró que su sentencia no niega la existencia de la actividad criminal de Guerreros Unidos ni que los hechos en Iguala no ocurrieron.

"(Significa) que las pruebas que fueron ilícitamente aportadas (por la PGR) no lo demuestran,y por ello debe decretarse la absolución de los inculpados", precisa en el escrito del juez citado por Milenio.

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