Aguirre acusa a EPN de no querer escuchar su versión de Ayotzinapa
Los padres de los nomalistas y sus abogados se reunieron con el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco; culparon a la PGR y FGR de la liberación de policías detenidos.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de negarse a conocer la versión de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Este martes, Ángel Aguirre, su exprocurador de justicia, Iñaki Blanco, así como el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, sostuvieron una ríspida reunión con los padres de los estudiantes y sus abogados en la Secretaría de Gobernación.
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Ángel Aguirre acusó que en la administración federal pasada no se les permitió dar su “versión” ni apoyar en la investigación sobre lo ocurrido la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Por primera vez se nos invita, no nos habían escuchado a la instancia del gobierno estatal. El entonces presidente Peña Nieto se negó a recibirme para que conociera mi versión ¿Por qué? Porque le dijeron es un asunto de carácter local, allá que lo resuelva el gobernador. No dimensionaron la magnitud de esta tragedia”, dijo en entrevista con la prensa tras la reunión.
“Hubo una motivación política, que es muy lamentable. ¿Cuál es la razón por la que primero se nos quitó el caso? Puedo entenderlo por la trascendencia de este asunto, pero lo que no puedo entender es que ni siquiera se le haya permitido a la Fiscalía de Guerrero, encabezada en ese tiempo por el licenciado Iñaki, que fuéramos coadyuvantes. Cuando es justamente el exfiscal quien sienta las bases de esta investigación”, agregó.
El funcionario defendió el actuar inmediato de su gobierno frente a estos hechos y las indagatorias posteriores.
“Yo hice lo que lo que considero que debía haber hecho un gobernador, prueba de ello es que las únicas detenciones que se dieron el día de los acontecimientos fue las que llevó acabo Iñaki Blanco, procedimos a desarmar a la policía municipal, rescatamos a más de 60 jóvenes que se encontraban desaparecidos y que podían correr la misma suerte que los 43… La mayor parte de quienes fueron consignados por el entonces procurador, ninguno ha salido porque nunca hubo tortura y porque los expedientes fueron debidamente elaborados”, señaló.
Aguirre resaltó que cuando decidió separarse de su cargo como gobernador fue para contribuir en el avance de las investigaciones.
“¿Sirvió de algo mi renuncia? Han transcurrido cinco años y tal parece que el asunto se encuentra igual”, señaló y dijo que junto a sus colaboradores ampliara su declaración sobre el caso ante la FGR.
Finalmente condenó que el juez Samuel Ventura Ramos haya ordenado la liberación de 24 policías municipales el pasado sábado. "Hay que juzgar al juzgador también y le corresponde al Consejo de la Judicatura llamarlo para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas”, apuntó.
A su vez, el exprocurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, sostuvo que la reunión con los padres de los normalistas desaparecidos se tornó ríspida, donde el principal cuestionamiento fue si existió responsabilidad o intervención de las corporaciones policiacas del estado.
“El reclamo es sobre qué acciones se llevaron a cabo para encontrar a los muchachos… hemos dado cuenta puntual de lo que hicimos desde el primer momento que tuvimos conocimiento”, dijo Blanco.
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Los padres de los 43 culpan a la PGR y FGR por la liberación de policías
A prácticamente cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa estamos prácticamente igual en las investigaciones, criticó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”.
Vidulfo Rosales comentó que durante la reunión se les preguntó al exgobernador Ángel Aguirre y a exfuncionarios de su gobierno la relación que tendrían elementos de la policía ministerial con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, pero solo “están dando evasivas”.
También, refirió que Iñaki Blanco dijo no tener conocimiento de que antes del descubrimiento del basurero de Cocula –donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes de acuerdo con la “verdad histórica– ya había sido custodiado por la policía estatal. “Lo único que responde el exsecretario de seguridad es que él no tiene ese dato. Hay evasivas y huecos de información”.
Rosales lamentó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa no tenga facultades coercitivas y no pueda ahondar en los cuestionamientos como si lo podría hacer la Fiscalía General de la República.
Respecto a las 24 liberaciones realizadas por el juez Samuel Ventura Ramos, el también activista sostuvo que lamentablemente “juzgó con lo que tenía en la mano y lamentablemente lo que tenía eran pruebas declaradas nulas, entonces, ¿cómo iba a condenar con eso?”.
“Para nosotros era una investigación irregular, era una investigación plagada de inconsistencias con tortura de por medio, y era evidente que esas pruebas se iban a excluir y que no iban a alcanzar para una condena. Creo que la responsabilidad radica en la PGR de la administración anterior y parte también de este fiscal por no haber hecho las previsiones legales para evitar la salida de estas personas”, sostuvo.
Urgió a la Fiscalía General de la República para que evite que queden en libertad los más de 70 detenidos por los acontecimientos de Iguala.
“Estamos igual, estamos en un bache del cual no podemos avanzar y esto va a depender de la FGR para que se den pasos sólidos”, apuntó.
CNDH lamenta liberación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la liberación reciente de 24 personas inculpadas en el “caso Iguala” y pidió que todos los procesos iniciados sean sustentados con pruebas sólidas.
“El hecho de que algunas de las pruebas existentes en el expediente se haya determinado que jurídicamente no son válidas, en tanto se habrían obtenido de manera indebida durante las investigaciones, no resta valor o anula al resto de las evidencias, información y elementos objetivos de convicción con que las autoridades cuentan, cuestión que debe ser señalada y defendida dentro de las causas judiciales”, dijo en un comunicado.
El organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez comentó que la verdad en el “caso Iguala” es una y no puede estar sujeta a coyunturas o intereses de ninguna índole, más que al compromiso de que las víctimas obtengan la justicia, reparación a la que tienen derecho y evitar que este asunto quede en la impunidad.