Con su entrada en vigor, cada vez que el gobierno decomise una propiedad podrá venderla para obtener un beneficio económico a cambio que deberá ser utilizado exclusivamente para financiar programas sociales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) –que ya se había manifestado en contra desde la aprobación de la reforma en el Congreso– criticó este lunes en su comunicado semanal que la pretensión de clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, podrá derivar en que contribuyentes que, "sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente (...) (y debido) a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática".
A su vez, el empresario Claudio X. González, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), dijo en entrevista con medios que lo preocupante de esta ley es que pueda utilizarse en contra de personas que realizan transacciones legítimas y la incluyó entre las leyes y acciones que inhiben la inversión.
El senador del PAN Marcelo Torres Coufiño afirmó que su partido impulsará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Aparentemente era una buena propuesta. La idea, la intención, es correcta, sin embargo, esta nueva ley, no me queda ninguna duda, lo que viola es la presunción de inocencia y el debido proceso", dijo el exlíder nacional panista.
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