Pero se trataba de un error, el resultado real era 9 votos a favor y 15 en contra, con lo que los legisladores cerraban al puerta a la iniciativa que fue antecedida por amparos ante Tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como por otras tres iniciativas que no llegaron a ser discutidas.
El caso de Yucatán es uno de los más recientes y que muestran la resistencia de los estados para legislar en la materia. Las parejas de la población LGBTTTI que quieren casarse por el civil en 15 estados no lo pueden hacer más que por la vía de un amparo: Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Guanajuato, Edomex, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Querétaro y Zacatecas.
Estos estados tienen candados con los que se niegan las uniones igualitarias, esos obstáculos consisten en definir en códigos civiles, familiares o en sus constituciones al matrimonio y/o al concubinato como la unión exclusiva entre “un hombre y una mujer” y, en algunos casos, se agrega que dicha unión tiene como fin “procrear”.
En contraste, sólo Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí han modificado su normativa para que las parejas puedan realizar el trámite de manera sencilla ante el registro civil, como ocurre con el grueso de la población que desea casarse.
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