Samuel García suma polémica en medio de su ''modo party'' mundialista

Triangulación de recursos

Desde el Congreso de Nuevo León avanza un juicio político impulsado por los partidos de oposición a Movimiento Ciudadano (MC), quienes buscan destituir a Samuel García de su cargo, ya que es señalado de triangular cerca de mil millones de pesos a despachos vinculados con su familia.

Presuntamente, el gobierno de Samuel García canalizó contratos por más de 1,000 millones de pesos a empresas proveedoras de servicios de salud, publicidad, obras de transporte e infraestructura para el estado.

En tanto, filiales de estas empresas presuntamente transfirieron recursos a despachos fiscales y de abogados bajo diversos conceptos, como “asesorías”, cuyos accionistas son familiares del mandatario, entre ellos su padre y su hermano.

Por ejemplo, el portal Latinus documentó que el DIF estatal —presidido de manera honorífica por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador— pagó 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato por la compra de paquetes de útiles escolares, alimentos y desayunos.

A su vez, una empresa filial del mismo corporativo al que pertenece la primera, Distribuidora Damago, transfirió 4.6 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del mandatario y de su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

Otro caso parecido fue el documentado por Reforma, que publicó que el gobierno del estado pagó casi mil millones de pesos a la empresa Suministro MYR. A su vez, una filial de esta empresa entregó 202 millones de pesos al mismo despacho.

Ante ello, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político contra el mandatario, con seis votos a favor de los legisladores del PAN, PRI y Morena, y un voto en contra de Movimiento Ciudadano. Además, se estableció que el mandatario deberá comparecer, de forma presencial o por escrito, a más tardar el 23 de junio.

La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal, Armida Serrato, pidió al gobernador Samuel García que demuestre, no solo con declaraciones en redes sociales, sino con pruebas, que estas acusaciones son “incorrectas”.

“Lo que puedo asegurar es que Samuel García es el gobernador al que más juicios políticos se le han promovido, el que más sentencias del Tribunal Electoral ha recibido por violar alguna disposición legal y el que más ha faltado a la ley. Para mí, como diputada, sí es evidente el desprecio que Samuel García le tiene a la ley”, comentó.

Explicó que, si el Pleno del Congreso aprueba que proceda el juicio político contra el mandatario, el caso se turnará al Tribunal Superior de Justicia del estado, que determinará la sanción, la cual podría ser la destitución, si aún continúa en funciones, e inhabilitación hasta por 20 años.

Sin embargo, dijo que, si el Tribunal emite su resolución cuando García Sepúlveda ya no se encuentre en funciones, la sanción sería únicamente la inhabilitación hasta por 20 años.

Recordó que el gobernador tiene hasta el 23 de junio para declarar sobre estas acusaciones, y que puede hacerlo de forma presencial o por escrito.

Además, explicó que, si el juicio político llega al Pleno del Congreso estatal, se necesitarán los votos de Morena para que este procedimiento avance, pues especificó que se requieren 28 votos a favor. Sin embargo, PAN, PRI, PRD e independientes suman 22 votos, por lo que faltarían seis.

Por su parte, la diputada Sandra Pámanes, quien votó en contra del juicio político en la Comisión Anticorrupción, defendió al gobernador al sostener que esta solicitud no tiene ningún sustento legal y que se trata de un montaje del PAN y del PRI.

“Es más un show montado por parte del PRIAN, ahora aliado con Morena, para tratar de desgastar a una administración estatal encabezada por Samuel García, que ha dado buenos resultados”, comentó la diputada emecista.

Consideró que Morena enfrenta un desgaste en otros estados con sus gobernadores, por lo que busca “cubrir o desviar la atención” mediante esta solicitud contra el mandatario de Nuevo León, ya que fue ese partido el que promovió el juicio político.

Además, señaló que el proceso contra el gobernador carece de pruebas para sostener los señalamientos de triangulación de recursos y que únicamente se basa en notas periodísticas.

Adquisición de propiedades

Diversos medios locales en Nuevo León han documentado que, desde que Samuel García Sepúlveda asumió el cargo como gobernador, él y su familia han adquirido diversos terrenos y propiedades.

Se reveló que, a 18 meses de haber tomado protesta como mandatario estatal, una de sus empresas compró un terreno de casi 18 hectáreas en una zona exclusiva del municipio de San Pedro Garza García, valuado en aproximadamente 700 millones de pesos.

El predio quedó registrado a nombre de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, encabezada por el gobernador y su padre, Samuel García Mascorro.

Sin embargo, el mandatario no reportó esta propiedad en su declaración patrimonial. En respuesta, explicó que no fue él quien adquirió el terreno, sino que un consorcio empresarial lo entregó a su padre como pago en especie por servicios legales prestados.

Además, el periódico Reforma documentó que el mandatario obtuvo otras tres propiedades a través de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, con un valor superior a los 29 millones de pesos.

Niega los señalamientos

Las declaraciones de Samuel García también lo han colocado en el centro de la polémica, pues algunas han sido calificadas como machistas, clasistas y frívolas.

Antes de convertirse en gobernador, en 2020, durante una transmisión en vivo en Instagram junto a su esposa, Mariana Rodríguez, el entonces senador la reprendió por, según sus palabras, “enseñar mucho la pierna” y le pidió que moviera la cámara del teléfono porque se había casado con ella “para mí y no para que andes enseñando”.

El video se viralizó rápidamente y sus comentarios fueron señalados como machistas. Usuarios de redes sociales consideraron que las declaraciones reflejaban una visión de propiedad, celos y control hacia las mujeres.

Ese mismo año, otra declaración del hoy gobernador generó críticas cuando afirmó que conocía personas valiosas que vivían con un “sueldito” de entre 40,000 y 50,000 pesos mensuales y que eran muy felices. La frase provocó rechazo en redes sociales, donde usuarios señalaron que el salario promedio de los mexicanos era considerablemente menor.

Más recientemente, el gobernador declaró que se encontraba en “modo party” debido a los preparativos para la Copa Mundial de Futbol 2026, torneo del que Nuevo León será una de las sedes.

“Les quiero pedir un mes de pausa, disfruten; no todo es trabajar. A partir de hoy en la noche yo me pongo en modo party. Ya no quiero broncas; en julio vuelven las broncas. Ahorita estoy en modo party: botas y sombrero”, expresó.

Asimismo, añadió que, en caso de surgir algún asunto urgente, este debería ser comunicado a su secretario particular, Evencio Hernández, ya que durante junio no atendería llamadas.

Juicios políticos

En el Congreso de Nuevo León no solo existe una solicitud de juicio político contra el gobernador Samuel García por la presunta triangulación de recursos públicos para beneficiar a integrantes de su familia. También hay otros tres procedimientos relacionados con distintas acusaciones que han generado controversia durante su administración.

El primer intento de juicio político se promovió en 2022, luego de que el mandatario no presentara en tiempo y forma el Paquete Fiscal 2023. El proceso avanzó en comisiones e incluso derivó en la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En 2023 se abrió un segundo frente cuando legisladores acusaron al Ejecutivo estatal de no publicar en el Periódico Oficial del Estado más de 20 decretos y reformas aprobados por el Congreso local. Sin embargo, el procedimiento no prosperó debido a diversos amparos y suspensiones judiciales.

Un año después, en 2024, surgió un tercer intento de juicio político. En esa ocasión, se señaló una presunta intervención del gobernador en el proceso electoral mediante el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos de Movimiento Ciudadano, entre ellos su esposa, Mariana Rodríguez, entonces candidata a la alcaldía de Monterrey, y Luis Donaldo Colosio, candidato al Senado. Este caso finalmente quedó congelado en el Congreso.

La diputada explicó que las tres solicitudes anteriores no avanzaron debido a que en la Comisión Anticorrupción no se contaba con los votos necesarios para darles trámite. Precisó que se requieren al menos seis votos de los 11 integrantes de la comisión.

“No había consenso por parte de los grupos de oposición. PRI y PAN sumábamos cinco votos y no existía coincidencia con el resto de los integrantes. Cuando Morena comenzó a promover denuncias en el Congreso, manifestó su voluntad de avanzar en estos juicios políticos”, señaló la legisladora priista.