La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el Gobierno federal desplegaron un operativo conjunto en la región Mixteca tras el asesinato de Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, registrado la mañana de este sábado.
El Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación permanente con el Gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables del homicidio.
"Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con el Gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad", señaló la dependencia.
Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad.
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026
El Gabinete…
Asimismo, informó que reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la zona mediante un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de vigilancia.
De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el alcalde fue víctima de una agresión con disparos de arma de fuego en la región de la Mixteca, ataque que le provocó la muerte.
Tras recibir el reporte, la Fiscalía activó los protocolos de investigación para delitos de alto impacto y movilizó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.
La dependencia informó que, en coordinación con corporaciones estatales y federales, se implementó un operativo táctico ininterrumpido en la zona para cerrar posibles rutas de escape y localizar a los responsables.
Además, aseguró que las investigaciones buscarán esclarecer la mecánica del ataque, identificar tanto a los autores materiales como intelectuales y garantizar la aplicación de la ley para evitar la impunidad.
Tras el hecho, el Partido Acción Nacional (PAN) condenó el asesinato de Joel Bravo Martínez y afirmó que el crimen refleja el fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno federal.
En un comunicado, el partido sostuvo que el homicidio del edil panista de San Miguel Amatitlán no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de una escalada de violencia que ha afectado a autoridades, candidatos, dirigentes políticos y ciudadanos en diversas regiones del país.
"La estrategia de 'abrazos, no balazos' fracasó. Los hechos demuestran que la delincuencia opera con mayor fuerza, mayor impunidad y mayor capacidad de intimidación que nunca", señaló.
Acción Nacional exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente, así como justicia para la familia del alcalde y castigo para los responsables.
Nuestra denuncia por el cobarde asesinato de Joel Bravo Martínez, edil panista de San Miguel Amatitlán. pic.twitter.com/6wF8Bj8zZC
— Acción Nacional (@AccionNacional) June 13, 2026
El asesinato de Joel Bravo Martínez ocurre casi un mes después de que el propio alcalde alertó sobre un hecho de inseguridad que sufrió en la zona limítrofe entre Oaxaca y Puebla.
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó en mayo que el presidente municipal informó que fue víctima de un secuestro exprés atribuido a integrantes de un grupo delictivo que opera en la Mixteca poblana.
El incidente ocurrió en el municipio de Petlalcingo, Puebla, cuando el alcalde circulaba por la carretera Acatlán de Osorio-Huajuapan de León. En ese punto, varios vehículos le cerraron el paso por delante y por detrás, obligándolo a detenerse.
Los agresores lo bajaron de su vehículo y lo privaron temporalmente de la libertad. Posteriormente le fueron robadas sus pertenencias y fue liberado.
Aunque Bravo Martínez no sufrió lesiones físicas durante ese episodio, el caso llevó al alcalde a solicitar un reforzamiento de la seguridad en la región limítrofe entre Oaxaca y Puebla, donde denunció la operación de grupos criminales dedicados a cometer este tipo de delitos.
El fiscal Rodríguez Alamilla señaló en su momento que las autoridades estatales brindaban acompañamiento y medidas de protección al munícipe, además de que existía preocupación por la actividad de células delictivas en ese corredor carretero. Incluso reveló que la Fiscalía tenía conocimiento de al menos otros dos hechos similares ocurridos durante las semanas previas en la misma zona.
