Violencia en Sinaloa creció bajo el cobijo de autoridades: homicidios aumentaron 174% en gobierno de Rocha

Cuando Rocha tomó el control del estado, en 2021, se registraron 603 homicidios dolosos, sin embargo, el 2025 cerró con 1,658 muertes violentas, la cifra más alta desde 2011, cuando gobernaba Mario López Valdez, el aliancista del PAN, PRD y PT conocido como "Malova".

Desde candidato y luego ya al frente del gobierno, a Rocha lo siguió la sombra del narcotráfico y de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la acusación tomó fuerza cuando en 2024 “El Mayo” Zambada fue entregado al gobierno de Estados Unidos.

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El gobernador Rocha dispuesto a declarar ante FGR por el caso de "El Mayo"

El cofundador del Cártel de Sinaloa señaló que la mañana del 25 de julio de 2024, antes de ser capturado, se dirigía a una reunión a la que iba a asistir el gobernador con licencia Rocha Moya.

El morenista lo negó y se mantuvo en el cargo hasta la semana pasada, cuando el señalamiento no vino de un presunto criminal sino del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo acusó de dar protección al cártel.

“En múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cártel, en las que Rocha Moya prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cartel”, dice la acusación.

La presunta complicidad entre crimen y autoridad no es nueva. El experto en seguridad y profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez, revela que al menos desde la década de 1960, las autoridades de Sinaloa han tenido algún vínculo con organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Guadalajara, el Cártel de Juárez y Los Beltrán Leyva.

“En la historia de Sinaloa, prácticamente todos los gobiernos, de todos los partidos han tenido algún tipo de conexión con el crimen organizado. Desde 1963 a la fecha. Eso hace muy complejo creer que el gobierno de Rocha Moya no tuviera algún tipo de conexión con el crimen organizado”, sostiene.

En la lista de EU, por ejemplo, también está Dámaso Castro Zaavedra , quien hasta este 5 de mayo se desempañaba como vicefiscal General del Estado y fue señalado de alertar a “Los Chapitos” para evadir la justicia.

“Les ha informado de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los Estados Unidos, incluidas informaciones sobre operaciones de las fuerzas del orden público dirigidas contra los laboratorios de drogas y los miembros de los Chapitos, de modo que estos pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones”, dice la acusación de EU.

Pactos que arrebatan vidas

Coincidencia o producto de un pacto con el crimen organizado, los datos muestran que en el gobierno de Rubén Rocha, Sinaloa tuvo un repunte de violencia.

Fernando Escobar, investigador de seguridad de la organización civil Causa en Común, explica que la permisividad de la autoridad impacta directamente en el nivel de violencia de cualquier estado.

Cuando una autoridad pacta con el crimen, no busca combatir sus actividades ni tocar a sus integrantes, también permite que se penetre a las instituciones públicas y las pone a su servicio. Algunas veces se establecen pactos para establecer la llamada “pax narca” y otras favorecen desde el poder a alguna agrupación.

Para Victoria Dittmar, investigadora de InSight Crime , en el estado predominó una "gobernanza criminal".

“Este es un caso de lo que llamamos gobernanza criminal. No se trata solo de crimen organizado corrompiendo a unos cuantos funcionarios para que miren hacia otro lado. Estamos hablando de involucrarse directamente en decisiones cotidianas y en mecanismos de control para proteger sus operaciones”, explica.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aseguró que no tenían indicios de vínculos de Rocha con el narco y que cuando la federación realizó decomisos o detenciones, no hubo obstrucción desde el gobierno estatal.

“Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las acciones que les presentamos”, dijo el pasado lunes en una conferencia en Sinaloa.

Expansión Daily

Harfuch dice que no había indicios de vínculos de Rocha con el narcotráfico

Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), explica que hay pactos que traen una paz simulada, pero que también pueden detonar hechos violentos.

"Hay una especie de pacto mafioso en el que se garantizaba cierta paz, cierta tranquilidad, pero cuando hay desacuerdos porque otro cártel también ocupar el mercado, entonces se desata la la violencia", plantea.

En el gobierno de Rocha, en Sinaloa explotó una guerra interna. La detención de “El Mayo” Zambada ocasionó una disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, facciones del Cártel de Sinaloa. A casi 602 días de esa guerra, el estado reporta más de 3,100 asesinatos y 3,600 desapariciones.

Pero las víctimas no solo las ha puesto México. La permisividad de la autoridad permitió al Cártel de Sinaloa extenderse y ser uno de los principales traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos.

“Los Chapitos”, la facción vinculada al gobernador, es señalada por el gobierno de Estados Unidos de inundar sus calles con el fentanilo, una droga que causó alrededor de 40,000 muertes en 2025.

La llegada de Morena a Sinaloa

La 4T llegó a Sinaloa en 2021, cuando Rocha Moya tomó el poder, pero desde los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador registraron eventos relevantes en materia de seguridad.

En octubre de 2019, ocurrió el llamado “Jueves Negro” o “Culiacanazo” cuando a través de un operativo se buscó la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”. Sin embargo, ante la violencia del Cártel de Sinaloa como respuesta, el gobierno federal determinó liberarlo.

El entonces presidente López Obrador defendió su decisión de liberar a Ovidio Guzmán porque así se evitó, dijo, una masacre de más de 200 civiles inocentes.

Durante su gobierno, López Obrador visitó al menos seis veces Badiraguato, la tierra de "El Chapo", incluso en una ocasión saludó a la mamá del fundador del Cártel de Sinaloa.

Dos años después del "Culiacanazo" entró al gobierno Rubén Rocha, con quien López Obrador tuvo una relación cercana y a pesar de las acusaciones contra el entonces gobernador de Sinaloa, lo defendió.

Cuando Rocha era candidato al Senado de la República en 2018, el entonces aspirante a la Presidencia de la República, pidió el voto para el morenista: "Se los recomiendo mucho".

Antes de dejar la Presidencia, López Obrador manifestó su apoyo al morenista: “Toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa y lo felicito porque da la cara”, ello luego de que el nombre de Rocha fuera mencionado en una carta de Ismael “El Mayo” Zambada.

Con la presidenta Claudia Sheinbaum, Rocha Moya no tuvo el mismo respaldo que en el gobierno de López Obrador, cuando incluso tras las acusaciones gobernadores publicaron un desplegado en apoyo. La postura de la mandataria fue de que no se protegerá a nadie, pero aseguró que sin pruebas, las acusaciones tenían una intención política.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, dijo al leer un pronunciamiento en Palacio Nacional el pasado 30 de abril.

Miguel Garza considera que Sinaloa enfrenta un desafío para recuperar la seguridad, y aunque hay varias autoridades que pueden estar involucradas con el crimen, sostiene que la situación no es generalizada.