La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJ) imputó a ocho personas físicas y una persona moral por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en la tienda Waldo’s de Hermosillo, un siniestro que dejó 24 víctimas mortales, un bebé en estado de gestación, 12 personas lesionadas y daños materiales.
Imputan a 8 personas tras el siniestro en Waldo’s de Hermosillo
El incendio cobró la vida de 24 personas el 1 de noviembre de 2025, y entre las investigaciones la presunta falsificación de documentos oficiales.
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El juez determinó imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para la mayoría de los imputados, porque consideró acreditado su arraigo, la presentación voluntaria ante la autoridad judicial, la inexistencia de riesgo para las víctimas y la ausencia de peligro de obstaculización del proceso.
La imputación se realizó tras la audiencia en la que el Ministerio Público expuso argumentos por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal. Estuvo presente un representante legal del centro comercial.
El juez sí dictó prisión preventiva justificada contra José Luis “N”, representante legal de la persona moral, a quien se le investiga por presuntamente presentar documentación falsa para que Waldo´s obtuviera los permisos correspondientes y pudiera operar, además de omisiones en las supervisiones al establecimiento; sin embargo, ésta orden no pudo ejecutarse ya que la persona cuenta con un amparo.
La Fiscalía de Sonora informó que combatirá dicha resolución para que el acusado enfrente su proceso en prisión.
“Ante tales circunstancias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), realiza las acciones correspondientes para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos a fin de que enfrenten la acción de la justicia y respondan ante las víctimas”, detalló la dependencia estatal en un comunicado.
La siguiente audiencia se programó para el 19 de enero de 2026.
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La investigación contempla a funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales, personal de la empresas y encargados de realizar inspecciones en materias de seguridad y Protección Civil.
Las investigaciones se amplían a más personas; tres más cuentan con órdenes de aprehensión ya ejecutadas, por lo que deberán acudir a comparecer el 29 de enero; otras 12 tramitaron amparos y dos más siguen evadiendo a la justicia.
El estallido ocurrió poco después de las 15:09 horas del 1 de noviembre de 2025. Entre las personas que fallecieron hay seis menores.
Según los reportes, las llamas se propagaron por el negocio y se extendieron hasta llegar a un vehículo estacionado afuera, el cual se incendió.
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