Pero en caso de que los padres de menores infractores muestren desinterés por el menor infractor también podrían ser acreedores a sanciones y multas al no responsabilizarse por los actos delictivos que cometan sus hijos menores de edad.
El diputado asegura que esto no implica que se vaya a transferir el delito a los papás o tutores, sino fortalecer la corresponsabilidad legal y administrativa por negligencia o descuido en la crianza de los menores.
¿Qué cambios o modificaciones propone la iniciativa?
La iniciativa de Emanuelle Sánchez Nájera, presentada en el Congreso el pasado 26 de junio, busca modificar la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes; el Código Civil del Estado; la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, en materia de responsabilidad de madres, padres o tutores por incumplimiento de sus deberes de cuidado.
En la iniciativa, el legislador argumenta que debido a que se carecen de mecanismos claros que faculten a los jueces cívicos para intervenir en los casos en que menores de edad incurran en actos antisociales o que alteren la convivencia, como vandalismo, violencia o daños, con esta iniciativa se busca responsabilizar administrativamente a madres, padres o tutores por omisión o negligencia, llenado este vacío normativo mediante un enfoque preventivo, restaurativo y de fortalecimiento familiar.
"La iniciativa no tiene como propósito criminalizar la pobreza ni castigar de forma automática a las familias. Por el contrario, promueve la aplicación prioritaria de medidas restaurativas, educativas y de acompañamiento familiar, garantizando la proporcionalidad de las sanciones y la valoración integral de las condiciones socioeconómicas de cada familia", apunta.
Se establece también que las sanciones se establecerán como última opción, únicamente cuando las medidas restaurativas no resulten suficientes y considerando siempre la capacidad de pago, la posibilidad de establecer plazos, facilidad y la sustitución de multas por servicios restaurativos adicionales.
