El hallazgo de 31 cuerpos en una fosas clandestinas, el asesinato del padre Marcelo Pérez, ataques armados en Pantelhó, lanzamiento de artefactos explosivos en Chicomuselo, narcobloqueos y balaceras, son algunos de los episodios que marcaron Chiapas en su año más violento.
Desde 2018, Chiapas es gobernado por Morena, primero con Rutilio Escandón y ahora con Eduardo Ramírez. La nueva administración ha culpado a la de su antecesor de heredarle un estado con problemas de violencia.
El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, acusó que el Gobierno de Rutilio Escandón heredó fosas y violencia al actual gobierno.
“Hubo un abandono por parte de las autoridades encargadas por parte de la seguridad y la justicia; hubo hasta negación del problema, porque siempre decían que no pasaba nada, que todo estaba muy bien y hoy nos estamos encontrando esas fosas”, dijo sobre la situación de violencia que impera en la entidad.
Antes de dejar el cargo y de ser nombrado como cónsul en Miami, Estados Unidos, Rutilio Escandón afirmó que Chiapas estaba "bien en materia de seguridad".
Eduardo Ramírez, actual gobernador del estado, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que afirma que el suyo no será un gobierno ausente.
Desde antes de que se detonara la violencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) tenía identificadas a las agrupaciones que se disputaban la entidad: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y los Mara Salvatrucha. Homicidios, el tráfico de personas y asaltos a comercios, eran de las principales actividades de las organizaciones criminales.
Además del incremento de homicidios, Chiapas enfrentó un grave problema de desplazamiento de personas, varias de ellas dejaron incluso el país y refugio en Guatemala.
De acuerdo con un reporte de InSight Crime , “en los siete primeros meses de 2024 se registraron 12,771 víctimas de desplazamiento en Chiapas, lo que supone un fuerte aumento con respecto a las 4,562 víctimas registradas en todo el 2023”.
