De acuerdo con información de medios locales, la camioneta que trasladaba a las trabajadoras del Poder Judicial transitaba en el fraccionamiento cuando agentes de la Fiscalía solicitaron que se detuviera. Las ocupantes de la camioneta, al notar las armas largas de los oficiales, decidieron continuar avanzando, lo que provocó que uno de los policías disparara contra la llanta delantera izquierda del vehículo para detenerlo.
Después de los hechos, se identificó a las ocupantes como trabajadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF). Los oficiales y las personas involucradas dialogaron sobre la situación, aclarando que la acción fue producto de una confusión.
En conferencia de prensa, trabajadores del Poder Judicial detallaron que las personas agredidas eran funcionarias que conformaban una caravana de entrega de comida, víveres y trípticos informativos a los familiares de personas internadas en el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, en la que participaban únicamente mujeres funcionarias del Poder Judicial de la Federación.
"Es evidente la escalada de represión y violencia en contra del personal que van desde amenazas hasta lesiones y ahora hasta disparos, lo anterior se relaciona con los actos de discriminación infligidos el día de ayer a compañeras y compañeros del comité del diálogo quienes habían sido convocados por un grupo parlamentario para conocer sus inquietudes sobre la recién aprobada de supremacia constitucional y no les permitieron el acceso al Senado de la República bajo el argumento que eran del Poder Judicial de la Federación, situación que de igual forma reprobamos tajantemente", expresó una de las representantes de los trabajadores del Poder Judicial en Chiapas.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también condenó la agresión cometida contra servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación cuando transitaban a bordo de una camioneta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
A través de un comunicado, el Consejo expresó su rechazo a cualquier expresión de violencia e hizo un llamado a garantizar la seguridad y la paz, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las personas.