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El gobierno de Baja California suma 20 denuncias en contra de Jaime Bonilla

El gobierno de Baja California, encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila, ha puesto bajo la lupa a la administración de Jaime Bonilla por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos.
jue 01 junio 2023 01:26 PM
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Las denuncias presentadas contra Jaime Bonilla son por la probable comisión de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, anunció este miércoles que la administración del exgobernador de la entidad, Jaime Bonilla, se encuentra bajo la lupa por presuntamente estar relacionado en diversos actos de corrupción y desvío de recursos.

En conferencia de prensa, Del Pilar Ávila detalló que derivado de las investigaciones que su gobierno lleva a cabo desde noviembre de 2022, fueron encontradas varias fallas de operación en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, la cual no tenía ni dirección, un plan de trabajo ni realizaba auditorías.

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Ante ello, la gobernadora detalló que durante su administración, la dependencia trazó un plan de trabajo, el cual incluyó la realización de 42 auditorías que derivaron en 326 observaciones y la presentación de 20 denuncias penales.

"Hemos presentado 20 denuncias penales tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR)", apuntó.

La mandataria estatal informó que 32 de estos expedientes ya fueron turnados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para que se determinen las sanciones correspondientes.

"Que quede claro, este gobierno no permitirá la corrupción, la honestidad es una piedra angular en nuestra administración y para la transformación de nuestro estado", expresó.

Sobre las presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno de Jaime Bonilla, Rosina Del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública del gobierno de BC, indicó que se han recibido ya diversas denuncias por presuntas irregularidades en programas sociales y obras.

Según detalló, la Secretaría a su cargo turnó dos temas a la FGR, el primero de ellos, por el presunto desvío de recursos federales por más de 90 millones de pesos en el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), relacionados con la presunta compra de uniformes escolares durante la pandemia del COVID-19, "cuando ni siquiera se tenían clases en las escuelas".

"31 millones de pesos se compraron a un proveedor cuando la mercancía o los uniformes no se entregaron, y aún todavía para agravar el tema, la persona principal responsable de estos malos manejos en ISEP firmó la factura solicitando la premura de una transferencia de pago por 31 mdp por compra de uniformes", dijo.

El segundo tema turnado ya a la FGR, dijo, corresponde a la compra e instalación de lavabos en escuelas públicas, donde presuntamente también estarían relacionados los mismo funcionarios del ISEP.

"Más de 6,000 lavabos donde tenemos un faltante de 3,400 lavabos, ahí son 66 mdp y en el mismo sentido, involucrados siete proveedores y 15 servidores públicos", dijo.

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En tanto, Consejero Jurídico de gobierno del estado, Juan José Pon Méndez, informó que apenas la semana pasada también fueron presentadas ocho denuncias penales en contra de exservidores públicos del Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (ISESALUD).

De acuerdo con Pon Méndez, las denuncias corresponden a presuntas irregularidades en contratos otorgados mediante adjudicación directa e irregular para la compra de medicamentos que fueron adquiridos a sobreprecio en medio de la pandemia de Covid-19.

"Hemos detectado que diversas adquisiciones de manera directa son irregulares, primero porque las personas que lo llevaron a cabo, los exservidores públicos que las realizaron no contaban con facultades para ello, segundo, porque no se llevaron a cabo los estudios de mercado correspondiente que garantizara las mejores condiciones de compra y tercero, porque el subcomité de adquisiciones que es el órgano encargado de autorizar los procedimientos de contratación nunca sesionó", dijo.

De acuerdo con el consejero jurídico, durante la pandemia de Covid-19, el gobierno de Jaime Bonilla realizó la compra de medicamentos que no guardaban relación ni eran necesarios para la atención de esta enfermedad.

Por ello se presentaron las denuncias por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso y ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

El funcionario apuntó que los exfuncionarios denunciados son: Alonso Óscar “N”, exsecretario de Salud estatal; Carlos “N”, exsubdirector general de Administración; Miguel Ángel “N”, exjefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; Gerardo Abdiel “N”, exencargado de la Dirección de Administración, y Mikel Roberto “N”, exdirector de Administración, quienes desempeñaban funciones en el área de la salud.

Pon Méndez indicó que adicionalmente fue presentada una denuncia más en contra del representante del Banco de Sangre de BC, "esto en virtud de que durante los años 2021 y 2022, hizo entrega de diversas unidades de sangre a distintas clínicas y hospitales privados, y no obstante que se cubrieron esas unidades de sangre, las cantidades que fueron entregadas por el Banco de Sangre al patronato del Hospital General", lo que según dijo, equivale a 8 mdp.

Apenas el 3 de mayo, Jaime Bonilla, quien gobernó Baja California de 2018 a 2021, fue expulsado de Morena, partido que lo abanderó para llegar a la gubernatura del estado en 2019.

Al exmandatario le anteceden una serie polémicas, pues el 7 de marzo pasado el órgano de justicia morenista ratificó varias medidas cautelares en su contra por “denostar y calumniar” a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena.

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