En el estado de Nuevo León, la diputada por el partido de Movimiento Ciudadano (MC), Iraís Reyes, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad en la que se propone castigar con dos a cinco años de prisión a quien obligue o imparta a otra persona a recibir una terapia de conversión.
Las terapias de conversión se definen como “aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto: modificar, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona”, advirtió el legislador Santillán Pérez, durante el dictamen para castigar este delito en la Ciudad de México.
