El camino para la MIA
Fue este 17 de mayo que la Semarnat recibió el trámite de presentación de la MIA en sus oficinas, el cual fue enviado al área correspondiente para la integración del expediente. En los próximos días iniciará el proceso de evaluación que deberá culminar con el resolutivo, ya sea de aprobación del proyecto, rechazo o aprobación condicionada.
El contrato del tramo 5 sur, de 60.7 kilómetros de extensión, que va de Playa del Carmen a Tulum, fue adjudicado al consorcio liderado por Grupo México, beneficiado con 17,815 millones de pesos por las obras.
En febrero pasado, la empresa inició obras de desmonte de selva baja y mediana en Playa del Carmen sin la autorización en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En ese entonces eran poco menos de dos kilómetros lineales por casi 24 metros de ancho, pero ahora suman 40 kilómetros devastados, de acuerdo con cálculos de la organización Sélvame del Tren.
Por lo anterior, se han promovido varios amparos. El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió hace un mes la suspensión provisional en el amparo que buzos tramitaron en contra de la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del Tramo 5 del Tren Maya.
La resolución del amparo 884/2022, tramitado por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas el 30 de marzo pasado y donde aparecen como autoridades señaladas Fonatur, Fonatur Tren Maya, la Sedatu y Sedena, tiene como efecto paralizar las obras y frenar la remoción o destrucción de la biodiversidad en dicho tramo en tanto se resuelve el asunto de fondo. La audiencia constitucional, que se tenía prevista para el viernes pasado y donde se resolvería si se mantenía o no la suspensión, se difirió para el finales de mayo.
La semana pasada, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa confirmó la suspensión provisional dictada el pasado 12 de abril que impide que continúen las obras el Tramo 5 Sur, debido a que no se contaba con la MIA.
De acuerdo con los magistrados, si bien existe una “autorización provisional”, gracias a un decreto presidencial que ordenó a dependencias exentar de trámites a las obras prioritarias del gobierno federal, no puede ser considerada equivalente a la MIA.