Aguililla, Michoacán: el microcosmos de la incursión del crimen organizado

Además de la violenca, Aguililla es una zona de oscuridad, ya que las cifras de homicidios no aparecen oficialmente en la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que solo llegan hasta 2019, mientras que las del Inegi datan hasta el 2020; incluso en el 2022 no hay registro de homicidios, a pesar de que semana tras semana se reportan en la prensa enfrentamientos violentos con saldos de fallecidos.

Especialistas en materia de seguridad consultados por Expansión Política coinciden en que hay un debilitamiento institucional que ha permitido la incursión de la delincuencia organizada en el ámbito municipal, lo que tiene como resultado hechos como los de Aguililla, San José de Gracia o Uruapan.

A finales de febrero, un comando irrumpió en un domicilio del municipio de San José de Gracia donde se realizaba un velorio y sacó a 17 personas, a quienes presuntamente ejecutó en vía pública y a plena luz del día, para después llevarse los cuerpos y limpiar la escena del crimen. Unos días después se registraron diversos ataques armados en Uruapan, dejando como saldo a cinco personas asesinadas.

También podría interesarte:

Suman 20 personas muertas por ataque armado en palenque de gallos en Michoacán La Fiscalía del estado informó que fueron localizados 20 cuerpos sin vida que presentaban heridas por disparo de arma de fuego. Una persona más murió al ser trasladada para recibir atención.

"Aguililla es una muestra de que la delincuencia organizada está ahí, más activa que nunca, no se ha replegado, y no se va a frenar en el corto plazo. Sucesos como éste (el asesinato del alcalde y su asesor) nos demuestran que la delincuencia organizada tiene una fuerza real, un poder y un volumen de fuego superior o similar al de las fuerzas de seguridad", dice Ramón Celaya, especialista en Inteligencia, Seguridad y Fuerzas Armadas.

David Saucedo, consultor en seguridad y analista político, expone que las autoridades municipales están en la mira de los cárteles porque para ellos es importante tener el control para operar libremente. "Y las autoridades municipales, al haber estado en contacto con alguna organización criminal, se vuelven el principal blanco de los ataques", menciona.

"Aguililla es parte de un fenómeno de violencia organizada. Es la expresión de la lucha territorial de hace más de una década en México. No es la historia reciente, es un problema endémico contra autoridades municipales", comenta Arturo Alvarado, profesor e investigador del Colegio de México (Colmex).

Conoce más

Estados

Gobernador de Michoacán confirma el homicidio del alcalde de Aguililla

¿Qué pasa en Aguililla?

Aguililla es un municipio ubicado en el suroeste de Michoacán y tiene como principales actividades económicas la agricultura y la ganadería.

En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo censó con 14,754 habitantes, demografía que decreció 9% con respecto a 2010, cuando había 16,214 personas. Hoy, la estadística puede ser menor, pues la presencia de los grupos criminales ha desplazado a unos 3,000 pobladores, tal como reconoció el gobierno estatal en diciembre de 2021.

El Coneval ubica a Aguililla con una situación de pobreza "moderada", con el 51% de la población en esa condición, y cerca del 20% en pobreza extrema.

Aguililla es un punto estratégico en el que los grupos criminales obstaculizan el tránsito de agricultores y ganaderos, quienes son extorsionados para que puedan continuar su camino.

"Es un municipio ubicado en una zona muy conflictiva desde hace más de una década, con muchos problemas sociales, conflictos políticos y con presencia de organizaciones delictivas", señala Arturo Alvarado.

Una nueva ola de violencia en Aguilla estalló en abril de 2021, cuando sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tomaron la cabecera municipal y sometieron a los pobladores que no alcanzaron a escapar.

Recomendamos

Estados

Con 480 homicidios, Michoacán desplaza a Guanajuato como el estado más violento

Pero era cuestión de tiempo para que los rivales del CJNG nuevamente intentaran ocupar los territorios. La guerra que se desató en Aguililla es con Cárteles Unidos, organización surgida de una alianza entre el Cartel de Tepalcatepec, Los Viagras y otros grupos criminales.

En medio de este panorama, el pasado 10 de marzo fue asesinado el alcalde César Arturo Valencia, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, quien llevaba seis meses en el cargo.

"Su asesinato evidentemente cimbra a la población de Aguililla, pero también deja muchas dudas. Pero algo queda claro: cuando el cártel Jalisco se replegó del territorio dejó sin protección al alcalde, lo cual fue aprovechado por los rivales que empezaron nuevamente ocupar los territorios", expone.

Con el homicidio del alcalde y de su asesor (hallado sin vida el 11 de marzo) pareciera que la guerra en Aguililla se contuvo. Sin embargo, para Ramón Celaya, especialista en inteligencia, seguridad y fuerzas armadas, se trata de un panorama de violencia creciente, pues los hechos de los últimos meses demuestran la proliferación de los grupos criminales y de autodefensas que, a su parecer, se han convertido en cárteles.

La punta del iceberg

César Valencia es el segundo edil de Michoacán en ser asesinado en lo que va del año. En febrero pasado, Enrique Veázquez Orozco, presidente municipal de Contepec, fue localizado sin vida y con impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la consultora Etellekt, en los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 16 homicidios de presidentes municipales, lo que representa un aumento del 23% con respecto a mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto.

Desde el año 2000 a la fecha, 93 alcaldes y alcaldesas han sido asesinados en México, y Michoacán es el segundo estado que concentra la mayor parte de estos crímenes (16); el primero es Oaxaca (19).

En un informe, Etellekt detalló que luego de las elecciones de 2021, la violencia se extendió en todos los estados y abarcó 570 municipios. Por ello, alertó que de mantenerse la tendencia de los primeros tres años del actual gobierno federal, y de haber un repunte en el proceso electoral 2023-2024, la incidencia de víctimas mortales puede rebasar lo registrado en la administración de Peña Nieto, de 39 alcaldes asesinados.

El mismo 10 de marzo, cuando se reportó el asesinato del edil de Aguililla, los municipios de San Juan Nuevo Parangaricutiro y Uruapan, también en Michoacán, fueron escenario de una serie de enfrentamientos entre presuntos sicarios y fuerzas de seguridad, lo que dejó como saldo 32 detenidos, cuatro personas fallecidas y tres más heridas.

Estos eventos sirven de ejemplo para entender cómo operan las organizaciones criminales: su primer acercamiento es con las autoridades locales porque, a través de ellas, y especialmente con el apoyo de las policías municipales, pueden operar con libertad.

"Las autoridades más débiles, más vulnerables al ataque del narco son los gobiernos municipales, los alcaldes, regidores y sus equipos de trabajo, y aquellos que tienen un pequeño destacamento de corporaciones policiacas, pero con atribuciones para establecer retenes, por ejemplo", indica Saucedo.

Los grupos criminales presionan a las autoridades o, en el "mejor de los casos", financian a los candidatos en los procesos electorales con el objetivo de que una vez que tenga la victoria, las policías municipales se convertirán en sus brazos armados. "Lo que se están disputando también es el control de las policías municipales", agrega el especialista.

Estrategia fallida y ausencia del Estado

El especialista Ramón Celaya enfatiza que la situación que enfrenta el municipio de Aguililla es el resultado de una estrategia mal aplicada y de la ausencia permanente del Estado mexicano; sobre todo de las autoridades de Michoacán, zona geográfica golpeada por los grupos criminales en su historia.

"Lo que vemos es el resultado catastrófico que requiere de acciones urgentes, pero por el contrario, hay ausencia total del Estado, lo que que desemboca no solo en el homicidio de un presidente municipal, sino de hechos de violencia que se replican en otras zonas geográficas", dice.

En febrero de este año, 10 meses después de que estalló la violencia en Aguililla, finalmente se hizo presente el Ejército y la Guardia Nacional, lo que logró replegar al CJNG. Para entonces ya se habían registrado decenas de homicidios y cientos de desplazamientos forzados.

También puedes leer

México

Michoacán cambia de gobierno en medio de una guerra entre cárteles

David Saucedo, consultor en seguridad y analista político, plantea que bajo la lógica de las estrategias políticas, el gobierno federal no intervino antes en Aguililla porque había un gobernador emanado de la oposición (Silvano Aureoles, del PRD). Pero una vez que Alfredo Ramírez Bedolla, de las filas de Morena, asumió el poder de Michoacán se coordinó una estrategia.

Ya con Ramírez Bedolla en el gobierno —quien asumió en octubre de 2021— la federación esperó todavía más para establecer un perímetro y preparar un Ejército capaz de repeler e investigar. Las fuerzas federales comenzaron a llegar a Aguililla en tanques y helicópteros, y fue hasta entonces que se pasó a la ofensiva.

"Fue una estrategia de contención, pero me parece que es un error táctico. Las autoridades federales debieron intervenir en Michoacán antes, pero no lo hacían porque no había sinergia con la administración pasada. La falta de comunicación y cooperación entre distintos niveles de gobierno, incluso para intervenir en zonas de conflicto, es algo común", precisa el consultor David Saucedo.

Arturo Alvarado refiere que hechos como los de Aguililla siguen ocurriendo porque no hay una política de protección y de prevención ante la expansión de los grupos criminales.

"No se entiende (este tipo de violencia) porque no hay una política de protección y de prevención. Además, vemos que las autoridades se están saliendo de sus funciones. La estrategia no solo debe ser reactiva como de 'bomberos', sino se debe empezar por eliminar la impunidad tan grande que hay en México", indica.

A esto se suma, dice, que las autoridades locales no tienen la capacidad para hacer frente a los grupos criminales, y las fuerzas federales, que son muy efectivas en algunas ocasiones, se hacen presentes en el momento, pero luego se retiran.