"Con este estudio queremos dar cuenta de la enorme diversidad que representan las infancias y adolescencias chiapanecas, pues este reconocimiento es un primer paso para avanzar en las políticas públicas que garanticen sus derechos", señala Redias .
La falta de protección en derechos como la salud y la alimentación, así como vivir en localidades que se encuentran en pobreza extrema orillan a los niños y niñas a migrar o a desplazarse de forma forzada. Pero también los expone potencialmente a ser reclutados por grupos del crimen organizado o ser involucrados en actos ilícitos que ponen en riesgo su integridad y vida.
“La problemática del desplazamiento interno en la entidad es una constante que va adquiriendo tintes complejos que articulan la presencia del crimen organizado, como ocurrió con el desplazamiento de personas de Pantelho en junio de 2020“, señala la publicación.
En el estado viven 2 millones de niñas, niños y adolescentes. La infancia indígena representa casi la tercera parte de la población menor de 18 años, entre quienes se acentúan las condiciones de vulnerabilidad, pues esta población tiene los menores niveles de acceso a los derechos sociales, mayores condiciones de pobreza, peores características de vivienda y mayor vulnerabilidad ante los efectos negativos generados por el COVID-19.
A estos conflictos se suma que en Chiapas existen tres principales rutas migratorias para entrar a México: el corredor selva, el corredor centro y el corredor costa. En 2020, se registró una mayor presencia de crimen organizado y un aumento en desapariciones de jóvenes en el corredor centro.
El análisis también apunta que existe una alta tasa de deserción escolar en la población que debería acudir al nivel medio superior.
¿Quiénes son los grupos más vulnerables en Chiapas?
El documento añade que se identificaron res grupos sobre los cuales es prioritario forzar las acciones de apoyo estatal:
- La infancia y adolescencia indígena
- Las niñas y adolescentes mujeres
- La primera infancia