El Congreso de Baja California aprobó este jueves una iniciativa del gobernador Jaime Bonilla para crear un Sistema de Administración Tributaria (SAT) en su entidad.
De acuerdo con el ejecutivo estatal, este nuevo organismo servirá para dar seguimiento al pago de impuestos de grandes empresas, dinero que ahora se quedará en Baja California.
“Vamos a tener un verdadero espectro de la situación financiera de cada una de las empresas respecto a los impuestos, vamos a tener esa ventana de oportunidad de poder vigilar los impuestos que se deben al erario”, dijo en videoconferencia de prensa, luego de que el dictamen fue aprobado.
Bonilla aseguró que ahora Baja California contará con un “organismo con dientes” que audite a las empresas de una manera “consciente”.
También insistió en que este nuevo organismo local tendrá un convenio con el SAT federal a través del cual se facultará al estado para que pueda auditar a empresas que son morosas, cobrarles, y “ese recurso se quedará en el estado”, lo cual dijo, es la mayor virtud de esta nueva iniciativa pues permitirá continuar con obra locales.
La creación del SAT Baja California (SAT BC), forma parte de la nueva Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado aprobada este jueves con 16 votos a favor, 8 en contra y una abstención.
La votación estuvo dividida entre los los legisladores de Morena, luego de que las diputadas Araceli Geraldo, Rosina del Villar Casas y Carmen Leticia Hernández se sumaron a los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del de Baja California (PBC) y de Movimiento Ciudadano (MC) para votar en contra.
La diputada panista Eva María Vázquez Hernández, acusó a Bonilla querer crear el SAT estatal para obtener de forma coactiva mayor recaudación de los contribuyentes.
Mientras que el diputado por Movimiento Ciudadano, Elí Topete, expresó su preocupación respecto a que este SAT estatal pueda ser utilizado como un instrumento de "terrorismo fiscal, presión política y económica" en contra de empresarios, comerciantes, periodistas y políticos.
La propuesta de crear este SAT BC ya había rechazada en días pasados por representantes del PRI, PAN, Partido de Baja California y PRD, quienes miércoles, en conferencia conjunta, consideraron que se trataba de una "vía de extorsión", que permitiría la persecución de empresarios y que busca duplicar la recaudación de 500 a unos 1,000 millones de pesos en el estado.
El legislador del PRI, David Ruvalcaba Flores, quien se abstuvo de votar, expresó que la iniciativa no se había socializado con el sector productivo, y señaló que aunque al dictamen le faltaban “muchas cosas” y no lo votaba en contra porque gran parte de las funciones que establece la reforma, ya existen en la entidad.
La nueva ley consta de 3 títulos, 40 artículos y 15 transitorios, en donde se establecen las facultades, obligaciones de este nuevo organismo.
Esta Ley no crea impuesto alguno, ni nuevas cargas tributarias de ninguna especie, pero establece la naturaleza jurídica, atribuciones, facultades, objetivos, obligaciones y responsabilidades, así como las bases para la conformación y funcionamiento del nuevo órgano de administración tributaria al que se denomina “Servicio de Administración Tributaria de Baja California” (SATBC).
El Congreso de Baja California detalló que el dictamen probado también establece que el SAT BC será un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado, con carácter de autoridad fiscal, que gozará de autonomía para diseñar e implementar su propia política operativa, y tendrá independencia en la determinación y resolución de los asuntos de su competencia.
En la nueva legislación se establece que el Gobernador del Estado dispondrá a través de la Secretaría de Hacienda del la entidad, la reasignación de los recursos humanos, presupuestales, financieros, así como lo bienes bienes muebles e inmuebles de las unidades administrativas que realizaban las funciones que la Ley ahora asigna al SAT BC.
Esta iniciativa propuesta Bonilla, se aprueba luego de que hace un mes, su gobierno entró en conflicto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) luego de que decretó la cancelación del cobro en la caseta Tijuana-Playas de Rosario.
El decreto del gobernador estableció que el gobierno del estado se haría cargo de la administración de ese tramo carretero para que los residentes de Playa de Rosario y automovilistas que circulan por la zona ya no pagaran por cruzar por este punto, sin embargo, la dependencia federal emitió un comunicado en el que declaró ilícito el documento expedido por el gobernador.
