#SusanaVigilancia: Sólo cinco estados han reportado compras por COVID

Las organizaciones civiles reconocieron que los gobiernos hayan iniciado ya con la difusión de las adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria y recomendaron a otras entidades a sumarse.

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Así han gastado los 5 estados

• CDMX (2,063.2 mdp)

• Jalisco (1,554.8 mdp)
• Nuevo León (958 mdp)
• Sonora (227.8 mdp)

• Sinaloa (147 mdp)

Entre las entidades que ya publican información sobre licitaciones, Nuevo León es el único que lo hace a través de documentos cerrados, lo que dificulta su análisis y utilización, mientras que los cuatro estados publican la información sobre licitaciones y contratos a través de hojas de cálculo como Excel, lo que facilita un análisis minucioso.

Las organizaciones alertaron que la opacidad es un riesgo adicional cuando se trata de contrataciones de emergencia.

Esto ante las recientes controversias sobre bienes y servicios adquiridos con sobreprecio, como el caso de la compra de ventiladores a un empresa relacionada con el hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por lo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya inició una investigación al respecto.

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Ya en marzo pasado, Transparencia Mexicana –junto con otras organizaciones internacionales– emitieron una serie de medidas ante la posibilidad de que ocurran actos de corrupción durante la emergencia sanitaria .

“Durante crisis como el brote de un virus mortal, el riesgo de corrupción en la atención médica se ve incrementado por una presión drásticamente mayor sobre el sistema de salud. La perturbación, la incertidumbre y la distracción contribuyen a un entorno en el que algunos actores aprovechen la crisis para su propio beneficio”, planteó TM.

Las organizaciones reconocieron que los estados enfrentan consecuencias económicas y sociales que derivan en mayor demanda de bienes y servicios para atender las necesidades, por ello consideran que es de “vital importancia” que las autoridades garanticen el uso adecuado de los recursos públicos disponibles para mitigar, contener y subsanar los efectos negativos.