Ahí, según el funcionario, policías y elementos de protección civil entregan alimentos, medicinas, colchonetas y atención médica a las 149 personas registradas por las autoridades estatales.
“Los 149 desplazados se han dado de forma gradual desde los primeros días. Los pobladores nos solicitan ayuda, seguridad para sus traslados de un punto a otro, y la Policía Estatal y la Guardia Nacional los auxilian”, dijo.
Frente a esas declaraciones, el alcalde expone un panorama más grave. A decir de Portillo, el número de personas desplazadas durante los últimos dos meses alcanza ya las 1,500, de las cuales 700 huyeron de sus comunidades tras hechos de violencia ocurridos apenas el 14 de enero.
Desde 2019, Portillo ha advertido sobre el nivel de violencia en la zona. A finales del año, incluso aseguró que existe una “crisis humanitaria”, una afirmación que el gobernador Astudillo ha rechazado en varias ocasiones.
Como parte de esas tensiones, el secretario de Gobierno estatal, Florencio Salazar, acusó al alcalde de no haber informado previamente de la situación a la Mesa de Seguridad, una instancia en la que participan funcionarios federales y estatales, así como representantes de las Fuerzas Armadas.
Hoy por hoy, el Ejecutivo guerrerense y elementos federales mantienen puestos de vigilancia y operativos en nueve comunidades —La Calera, Las Piedras, El Chivo, La Palma, La Parota del Cuartel, Los Huajes, Los Alacranes, San Rafael y El Naranjo—, así como en la sierra colindante con el municipio de Coyuca de Catalán.
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