La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guanajuato informó que 30 participantes de una "violenta manifestación" fueron sentenciadas este lunes por los delitos de terrorismo, lesiones y daños.
Un juez impuso a cada uno de los señalados 11 años y nueve meses de prisión, así como una multa individual de 5,239 pesos. Además, en conjunto deberán pagar 307,750 pesos como reparación del daño a la ciudadanía y otros 16,700 pesos en favor del Ayuntamiento.
Las 30 personas fueron detenidas el 20 de octubre de 2018, mismo día en que causaron afectaciones a la vía pública al incendiar unidades de la Policía Estatal. De acuerdo con la SSP, la mayoría de los implicados provenía de la región de los Apaseos, uno de Cortázar y uno de Manzanillo, Colima.
Un numeroso grupo de personas arribó al municipio de Jerécuaro en dos vehículos, uno era un autobús de pasajeros. A su pasó, lanzó consignas contra el gobierno y la Policía del estado.
A su paso, de acuerdo con lo consignado en la sentencia, incendiaron tres vehículos oficiales (dos patrullas y una motocicleta).
Con estas acciones, "perturbaron la paz pública, pues comerciantes de la zona cerraron sus negocios y personas que estaban por la zona se retiraron para salvaguardarse", señaló en ese momento la Procuraduría de Guanajuato en un comunicado .
Tras los destrozos, los implicados pretendieron huir del municipio, pero fueron detenidos en la carretera Jerécuaro-Apaseo el Alto tras un despliegue de elementos de la SSP.
El primer grupo viajaba en un Tsuru blanco; el segundo (el más grande), en el autobús, precisó la dependencia. En su momento, el conductor del camión declaró ante las autoridades haber recibido un pago de 2,400 pesos por trasladar a estas personas a Jerécuaro.
Una semana después de estos hechos, el juez vinculó a proceso a los 30 detenidos al considerar que había suficientes datos de prueba para que enfrentaran cargos de terrorismo, lesiones y daños.
Este lunes, tras recibir sentencia, los implicados fueron ingresados nuevamente al Centro Estatal de Reinserción Social.
El Código Penal de Guanajuato considera "terrorismo" a los actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, o aquellos que "produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
Las sanciones establecidas en el documento para quien incurra en estas acciones son de tres a 15 años de cárcel, y de 30 a 150 días multa (de 2,530 a 12,673 pesos, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización).
El estado de Guanajuato es el que más asesinatos se cometieron en 2019: 3,211 hasta el corte de noviembre, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2018, también rompió "récord de violencia" con 3,290 homicidios dolosos.
El año pasado, en Guanajuato se registraron bloqueos, quema de vehículos y detonaciones de bombas molotov por parte de civiles que trataban de impedir los operativos de las fuerzas de seguridad contra el robo de combustible, especialmente en la comunidad de Santa Rosa.
La entidad actualmente es gobernada por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien apoya la idea de que los cárteles de la droga mexicanos sean catalogados por Estados Unidos como terroristas.
Conoce más: Gobernador de Guanajuato apoya intervención de fuerzas de EU en México
