Tras presentar este plan, el juez suspendió el proceso por el tiempo de seis meses. Los imputados deberán presentar informes de avance cada dos meses.
"Con este acuerdo reparatorio, la Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, prioriza una innovadora procuración de justicia a favor del patrimonio ambiental de las y los chiapanecos, y se suma a la protección de las más de 23,000 hectáreas de áreas protegidas que han sido restituidas desde el 15 de marzo, cuando la fiscalía y el gobierno del estado echaron a andar el Programa de Seguridad y Justicia 2019 para reivindicar los derechos de posesión y propiedad en Chiapas", dice el comunicado de la fiscalía.
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De acuerdo con el Código Penal de Chiapas, en el caso de que se cometa ecocidio, se impone de sanción de prisión de cinco a 12 años y de 2,000 a 20,000 días de salario mínimo. Y en el caso de que el imputado carezca de los medios económicos para cumplir con la multa impuesta, este deberá realizar trabajos a favor de la comunidad, los cuales estarán relacionados con el medio ambiente o con la restauración de los recursos naturales cuando hacerlo sea posible.