Guadalupe se convirtió entonces en una de las 73 mujeres contra quienes se han abierto procesos penales desde 2009, año en el que se reformó la legislación local para penalizar el aborto.
De ese total, 11 han recibido sentencia de cárcel, según información del Tribunal Superior de Justicia de Puebla obtenida vía transparencia. Citando al mismo organismo del Poder Judicial del estado, la activista Nataly Hernández dijo este martes —durante un foro organizado en el Congreso local— que otras 15 están en espera de recibir una condena, mientras los datos oficiales no dejan claro qué ocurrió en el resto de los casos.
Hoy, esas mujeres detenidas están en posibilidades de quedar en libertad, luego de que el 8 de agosto el nuevo gobernador, Miguel Barbosa, de Morena, firmó un decreto para iniciar las preliberaciones de quienes estén presas por haber abortado. Ese día, Barbosa también planteó indultar a las mujeres que hayan sido obligadas por sus parejas a poseer drogas.
