El Congreso de Hidalgo está cerca de hacer historia 12 años después de que la Ciudad de México lo hiciera por primera vez: podría legalizar la interrupción del embarazo en la entidad.
En abril de 2007, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) cambió el Código Penal local para permitir que cualquier mujer pueda decidir abortar, siempre y cuando sea hasta las 12 semanas de embarazo, pero desde entonces ninguna entidad ha aterrizado reformas similares, hasta ahora.
El pasado 9 de julio, el grupo parlamentario de Morena en Hidalgo presentó, en medio de protestas, una iniciativa de reformas al Código Penal y a la ley de Salud del Estado en favor de la interrupción legal del embarazo, que propone:
La reforma incluye penas de 6 meses a prisión para la mujer que aborte luego de las 12 semanas, un castigo mayor a la que se impone en la CDMX que es de tres a seis meses de privación de la libertad.
“Nos parece que el aborto voluntario no tendría que ser un tema que deba estar en los código penales y menos que tengan esa carga de penalización”, señala Rebeca Ramos, Coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas del Grupo de información en reproducción elegida (GIRE), quien apunta que “incluso si se aprobara en estos términos es un buen paso”.
Aunque indica que sería muy importante el papel de la Fiscalía General como del Poder Judicial del Estado "para que se utilizarán medios alternativos de la solución de controversias penales para evitar que las mujeres terminarán en prisión".
Las reforma pionera de la Ciudad de México no ha tenido eco en los congresos de otros estados que por el contrario han buscado mecanismos para frenar iniciativas similares.
Por ejemplo, el pasado mes de junio, el Congreso de Aguascalientes pretendía que se discutiera una reforma para que desde la Constitución del Estado se garantizaran los derechos de las personas desde “la concepción hasta su muerte natural”.
En diciembre pasado, otra propuesta similar en esa entidad se quedó a un solo voto de ser aprobada.
Con esta reforma, los diputados pretendían sumar a Aguascalientes a los 20 estados que elevaron a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción o fecundación.
La mayoría de los congresos locales avalaron reformas de este tipo tras la despenalización del aborto en la Ciudad de México, pese a que mujeres de todos los estados acuden a las clínicas públicas y privadas a practicarse una interrupción legal del embarazo.
Tan solo desde 2007, 1,147 pacientes de Hidalgo fueron atendidas en las clínicas del sistema de salud capitalino, lo que coloca a ese estado como el tercer lugar de origen de solicitantes del servicio, solo detrás de Edomex (56,328 mujeres) y Puebla (1,322).
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En 1994, solo Chihuahua hacía explícito ese concepto. Luego se sumaron Morelos y Baja California (2008); Colima, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora, Puebla, Jalisco, Nayarit, Yucatán, Durango, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí (2009); Chiapas y Tamaulipas (2010), Veracruz (2016); Sinaloa (2018), y Nuevo León (2019).
“Fue muy evidente como después del cambio en la Ciudad de México, la validación que hizo la Suprema Corte en 2008, vino este intento regresivo en una gran parte del país con estas reformas”, señaló la representante de GIRE en entrevista con Expansión Política.
Ramos explica que aunque este tipo de reformas a las constituciones locales son promovidas como antiaborto “jurídicamente no son un candado porque siguen vigentes las causales para el aborto legal en los estados -como son violación, incesto, entre otras– y no se han tocado los códigos penales e incluso con estas constituciones se puede avanzar (hacia reformas similares a la de la Ciudad de México)”.
Aunque, la abogada advierte que sí cumplen un papel restrictivo al “generar confusión para las mujeres y los prestadores de servicio, al quedar en el imaginario que las mujeres ya no tienen derechos y los médicos se nieguen a prestar el servicio”.
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La reforma en Hidalgo fue presentada por ocho de los 17 legisladores que conforman la bancada de Morena, cuya mayoría permitiría que las reformas fueran avaladas sin problema si votaran todos en bloque, pues se necesita la mitad de votos más uno para hacerla realidad.
Sin embargo, no todos los morenistas están convencidos de avalar los cambios legales, reconoce la diputada Susana Ángeles, una de las promoventes de la reforma.
“Hay ahí algunos miembros que aún tienen algunas dudas (…) Estamos platicando mucho con ellos para poderlos sensibilizar en torno a que este tema es de salud pública y de derechos humanos más que de ética y creencias. No tiene que ver nada si personalmente estamos a favor o en contra de esta práctica que, tristemente, de cualquier modo se realiza”, apunta en entrevista la también maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El Congreso de Hidalgo sacó adelante dos polémicas reformas entre abril y mayo pasado: la rectificación sexogenérica de las actas de nacimiento para las personas trans y los matrimonios igualitarios, ambas impulsadas por Morena, pero la iniciativa en favor del aborto ha generado más controversia.
“Este tema ha sido más tergiversado pues está en el corazón de una parte de la población que pretende llevarlo al terreno de lo religioso (….) No pretendemos dejar de respetar esas libertades (de creencia y de expresión), quienes rechacen la práctica del aborto seguirán en su derecho de resistirse y educar a sus hijos como mejor les convenga, pero lo que no puede hacer el Estado mexicano es imponerle a una mujer el numero y espaciamiento de sus hijos”, señala Ángeles.
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La legisladora Ángeles explica que la reforma fue trabajada en conjunto con la Secretaría de Salud local, organizaciones civiles estatales y nacionales, así como por legisladoras federales y médicos.
Tras su primera lectura, la iniciativa actualmente se encuentra en las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, y la de Seguridad Ciudadana y Justicia. La primera revisará las modificaciones a la Ley de Salud y la segunda al Código Penal; ambas comisiones están presididas por legisladores morenistas que se han manifestado en favor de despenalizar el aborto.
La legisladora morenista afirma que la reforma podría ser votada en este mismo periodo de sesiones que termina el próximo 30 de julio.
Ante la posibilidad sanciones por parte del partido en contra de los legisladores de no apoyen la propuesta, Susana Ángeles sostiene que Morena permite las divergencias de pensamiento, pero reconoce que sí podría ser motivo de algún procedimiento ante la Comisión Honor y Justicia, la encargada velar por que se cumplan los principios y estatutos del partido.
“Cuando lleguemos a su votación en el Pleno, cada quien tendrá que ser muy claro en las razones de por qué votar a favor o en contra, y los militantes y ciudadanos estarán en su derecho de pedirnos explicaciones, incluso a los que votamos a favor”, afirmó.
“Yo en verdad creo (...) estamos optimistas de que se pueda llevar a Pleno en una votación positiva”, confió.
