De acuerdo con la FGR, por ejemplo, a través de ese esquema Robles fue responsable de un daño patrimonial de 5 mil 073 millones de pesos.
Integralia advirtió que, paralelo a los problemas financieros que tienen las universidades estatales, la política de austeridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría agravar aún más su situación.
Por ello, la consultora considera que, para poder atender la crisis por la que atraviesan las universidades estatales, es necesario definir reglas claras para la asignación de recursos públicos que reciben dichas instituciones.
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También debe comprometerse a las universidades estatales a que incrementen sus ingresos propios, que frenen el incremento desordenado de salarios y prestaciones, así como reformar su esquema de pensiones, para lo cual se debe aumentar la edad y años de servicio antes del retiro.
A su vez, Integralia sugiere que debe definirse una ruta de acción que permita incrementar las aportaciones de los estados hasta alcanzar que el 50% de los recursos sean estatales y el 50% federales.
De igual manera, se debe empezar a condicionar las transferencias federales a la entrega de las aportaciones estatales pactadas mediante convenios.
En total, en México hay 4.5 millones de alumnos en educación superior, de esos 526 mil 276 son de universidades públicas federales, es decir, el 11.5 por ciento; y 1.19 millones, equivalentes al 26.3 por ciento del total, son de universidades públicas estatales.
De acuerdo con Integralia, por el momento se debe limitar la creación de nuevas universidades públicas estatales en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de las actuales.